¡Hoy!, todo el país se encuentra en un momento crítico. La economía, educación, salud, política, cultura, tecnología, energías renovables, ecología, justicia,
seguridad, agua, medicamentos y todos aquellos temas que tienen o que tendrían que ver con una nación en desarrollo no han sido debidamente atendidos en este sexenio.
Más que testigos, hemos sido víctimas de las malas decisiones que se han tomado desde el ejecutivo y el legislativo, hablando tanto a nivel federal como local. La pandemia que ha dejado el Covid, ha sido muestra de la incapacidad de los servidores públicos para enfrentar las grandes adversidades de la nación.
Pero también somos parte del problema, pues si bien el espíritu de la democracia es que cualquier persona pueda aspirar a un cargo de elección popular no significa que tengas que elegir a cualquiera para que ocupe dicho cargo.
Por ejemplo, no se necesita a cualquier tipo de persona para ser presidente de la república, senador o diputado; se necesita gente preparada; con buena reputación y trayectoria; con conciencia y educación; patriotismo; lealtad a la nación y al pueblo de México; con el ideal de respetar la ley, la constitución y los derechos humanos.
No debemos olvidar que las decisiones que tomen las personas que ejercen dichos cargos impactarán de manera negativa o positivamente en la vida de todos nosotros. Por ejemplo, las personas que ejercen los cargos de elección popular en el Congreso de la Unión o en los Congresos de los Estados tienen en sus manos la creación, modificación y desaparición de las normas jurídicas que regulan la vida de todos nosotros.
Esto implica que dichas personas deben tener conocimientos básicos del sistema jurídico mexicano; y claro, se debe contar con un cierto grado de escolaridad, empatía con la sociedad y conocimiento de las necesidades del pueblo, y no actuar a voluntad de lo que le dictan sus viseras o lo que dice el Presidente de la República a pesar de que ello implique violar la propia constitución que juraron proteger al asumir sus cargos.
Es tanto el desconocimiento de la ley como el compromiso presidencial que tienen los legisladores, que lo menos que pasa por su mente es hacer normas jurídicas vigentes, eficaces, actuales y que satisfagan las necesidades de la sociedad mexicana. Pues tener normas jurídicas eficaces también es parte del desarrollo del país.
Cuando los legisladores desconocen los temas que se relacionan con las normas jurídicas que están creando, modificando o derogando, seguramente dichas normas serán inaplicables, violatorias de los derechos humanos y de la Constitución. Aunado a que están realizando sus funciones para satisfacer la voluntad del presidente de la república pese a que vayan en contra de la lógica y la realidad social.
Por eso se dice, que ahora las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen doble función: legislar; es decir, corregir todas las normas jurídicas que son violatorias a derechos humanos y, proteger los derechos humanos de los ciudadanos que son vulnerados por las diversas autoridades.
No debemos olvidar que en términos del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas son actos de corrupción asumir un cargo público sin tener los conocimientos mínimos para desempeñar el mismo con la debida eficacia y profesionalismo. Entonces los legisladores encargados de la creación o modificación de las normas jurídicas son los primeros que las están vulnerando.
Uno de los grandes ejemplos que tenemos en estos momentos son las violaciones a la ley que han cometido los propios legisladores con el tema de la revocación de mandato, pues aún y cuando se los prohibía la ley publicaron propaganda y publicidad apoyando al presidente para ese ejercicio. Pues pese a que alegaron que era su derecho a la libertad de expresión, ese derecho no les asiste porque como servidores públicos están imposibilitados para realizar proselitismo político pues ellos tienen que ser imparciales en su actuar, a esto se refiere precisamente que actúan con las vísceras con tal de quedar bien con su líder presidencial pese a violar la ley y las normas jurídicas.
Por lo que podemos concluir, que en estos procesos electorales que vienen debemos exigir que las personas que son aspirantes a dichos cargos de elección popular reúnan los requisitos antes platicados para que ahora si desempeñen con el máximo profesionalismo su encargo.