La corrupción es un cáncer que carcome todo lo que toca. Las instituciones públicas, la empresa privada, las relaciones interpersonales; todo, absolutamente todo, se pudre ante las condiciones de excesos y abusos que
implica la mal utilización de las facultades y el poder públicos para la obtención de beneficios personales, pues ello implica la preponderancia de la desconfianza, la duda y de todo lo negativo que puede existir en una sociedad.
Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), el índice de la percepción de la corrupción generado por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de los 175 países evaluados, solo por arriba de naciones como Guatemala, Mozambique, Sierra Leona, Tanzania, China, Irak y Corea del Norte. Ciertamente es el país peor evaluado de los que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y uno de los que obtuvo la calificación más baja de América Latina, pues sigue en los últimos lugares. Por citar un ejemplo, de esta región, Chile y Uruguay fueron los mejor evaluados con 73 puntos (38 más que México), Brasil tiene 43 puntos (8 más que México), mientras que la última posición se la lleva Venezuela con 19 puntos (16 menos que México) y ocupa el puesto número 161 del índice.
Como podemos observar, en nuestro país el tema de la corrupción cobra niveles de preocupación. Si bien es cierto que estamos muy por debajo de naciones altamente corruptas, también lo es que la percepción de corrupción incrementa día con día y que la sociedad desconfía –cada vez con más intensidad– de todo y de todos, principalmente de las instancias de gobierno.
En esta lógica el Gobierno de la República promovió la aprobación de una serie de reformas a nuestra Constitución conocida como “Ley Anticorrupción”, en la que se establecieron nuevos mecanismos para combatirla y, a la par, establecer una nueva distribución de competencias y facultades para generar nuevos equilibrios y evitar los excesos y abusos del poder público.
Ciertamente fue un esfuerzo coordinado y de voluntad política que hay que reconocer, sin embargo, la reforma legislativa está detenida. Faltan las leyes generales y las locales para estar en condiciones de materializarla y así traerla al plano de los hechos. Hasta el momento sólo dos grupos parlamentarios han presentado iniciativas en este sentido en el Senado de la República. Falta la que anunció el Presidente de la República y el impulso político a la misma, para que se inicie la discusión de los nuevos mecanismos para combatir la corrupción. En tanto esto no ocurra, la tan cantada Reforma Anticorrupción sólo será un puñado de buenas intenciones que distarán mucho de llegar al plano de lo real.
@AndresAguileraM