La vida parlamentaria siempre se ha caracterizado por ser el recipiendaria de todas las situaciones relacionadas con la vida política de cada nación. En el seno de los pasillos de los parlamentos de todo el mundo, los representantes populares ejercen la política en todas sus facetas y especialidades. La negociación, la presión política, las declaraciones estridentes y las charlas en corto, son parte de la normalidad democrática.
En este contexto es que grupos de personas, ajenos al devenir político institucional, autodenominados “representantes de la sociedad civil”, han entrado a esta dinámica –en donde hay prácticas tan universales y tan arcaicas como la propia democracia– y se asombran, se llaman sorprendidos por la no aprobación del paquete de leyes secundarias en materia de combate a la corrupción, siendo –con ello y sin querer– parte del sistema de presiones y ataques sistémicos dentro de las contiendas electorales. Son, desgraciadamente, parte de lo mismo y –de igual modo– son parte del juego perverso en el que se utiliza un legítimo reclamo social, como lo es abatir la impunidad y combatir la corrupción, como ariete en el juego político electoral.
Sin embargo, es importante precisar que crear las leyes que formarán la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, es una labor titánica que requiere de la máxima responsabilidad y visión de estado; pues de su eficacia y eficiencia dependerá –en gran medida– retomar la confianza y credibilidad de un sector importante de la sociedad. Sin lugar a duda, es indispensable que existan y se aprueben a la brevedad. Un amplio sector de la sociedad exige medidas eficaces que detengan la rampante impunidad que predomina en las instancias públicas y privadas.
Deben de ser leyes que obedezcan a la condición jurídica nacional y que se adecuen a los diversos tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos signados por el Estado Mexicano, así como a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Armonizarlos, es complejo y laborioso, pero debe de hacerse para que –efectivamente– se cumpla con los objetivos planteados en la reforma constitucional.
El estar investidas de legitimidad por haber sido propuestas por más de 600 mil firmas no bastan para que sean leyes bien hechas; tampoco el que esté suscrita por personajes con gran prestigio y prestancia en la comunidad jurídica nacional; se requiere de un análisis, estudio, adecuación y armonización al sistema jurídico mexicano, para que esto pueda ser exitoso y no sea una “llamarada de petate”.
Por ello, es importante que las propuestas sean revisadas, analizadas y trabajadas por especialistas en la materia. No pueden –ni deben– ser víctimas de la oportunidad política, del escándalo, el sensacionalismo o la moda. Deben ser instrumentos jurídicos eficaces que combatan eficazmente a la corrupción y no un botín político para ser utilizado en la próxima jornada electoral.
@AndresAguileraM