La amnistía es un instrumento jurídico que tiene por efecto impedir el enjuiciamiento penal contra ciertas personas con respecto a una conducta —o conductas— criminales específicas cometidas con antelación a la entrada en vigor de la medida
jurídica. Tradicionalmente es un acto del Poder Legislativo, aunque su origen —como buena ley— puede derivar de una iniciativa presentada por el Ejecutivo. Es decir, implica el perdón de ciertos delitos cometidos por cierto grupo de personas. La medida fue concebida como un mecanismo de “tregua política” y, por lo general, es otorgada a quienes han atentado contra el Estado o el gobierno.
Esta figura ha sido traída a colación por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien la ha referido como parte de una nueva estrategia que le dará un giro a la política de combate al crimen organizado que emprendieron sus antecesores; misma que, innegablemente, ha sido un rotundo fracaso, pues a su paso ha dejado una estela de muertos, desaparecidos y desplazados sin precedente en el México moderno y que, a la par, ha incrementado la violencia de forma exponencial a lo largo y ancho del territorio nacional.
Sin lugar a dudas, el cambio de estrategia es más que necesario, pues los resultados de esta política sólo han dejado zozobra e inseguridad para la población mexicana. Hoy estados enteros sufren el apabullante poder bélico de la delincuencia; el gobierno ha sido incapaz de combatirla con efectividad y los únicos que sufren sus errores son millares de familias que a diario salen a las calles inciertos de volver con bien a sus hogares. Hay miedo y —estoy cierto— es indispensable dar una respuesta contundente para cambiar esta terrible situación.
Sin duda el nuevo gobierno tendrá que realizar acciones audaces y novedosas que permitan transformar el ambiente de violencia que aqueja a muchos mexicanos; las expectativas son altas, sólo comparable con la esperanza que acompañó al voto mayoritario que le brindó el triunfo al señor López Obrador. Sin embargo, es necesario que éstas sean analizadas y visualizadas con los posibles efectos colaterales que traerán consigo. La irresponsabilidad de haber exacerbado la violencia sin considerar las repercusiones para con la población está a la vista: el miedo, la zozobra y la angustia, junto con el destierro de la libertad en las calles y sustituida por la dictadura del crimen, son los resultados de más de una década de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos criminales.
La amnistía —sin negar su audacia— es un paso que requiere mucha reflexión, pues una de sus repercusiones inmediatas es la injusticia para quienes han sido víctimas de esos delincuentes. Cierto, la violencia es prácticamente incontrolable y las opciones no son muchas, pero también es necesario medir la respuesta de la gente que ha sido aterrorizada por los criminales a quienes se les concedería el perdón. Son muchas las víctimas, directas e indirectas, de esta guerra y —en especial— de los verdugos a quienes se les dispensarían sus faltas; la insatisfacción sería apabullante, lo que implica una alerta de conflicto social. Un número importante de personas no verían con buenos ojos el perdón y mucho menos del Estado que, independientemente de su origen político partidario o personal, no ha sabido cumplir con su obligación primigenia que es la de brindarles seguridad.
Es importante la reflexión y vislumbrar escenarios, pues ante el descontento que pudiera provocar una posible amnistía a integrantes del crimen organizado, el bono democrático no será suficiente para evitar un golpe a la base de flotación de la legitimación, pues la decisión estará en disputa entre la pacificación y la justicia.
@AndresAguileraM.