La semana pasada, los sucesos violentos en Culiacán, dejaron al descubierto una crisis institucional en materia de
seguridad. Por la información que se ha sido dada a conocer, tanto por las declaraciones de los titulares de las instancias de seguridad nacional como por las opiniones de articulistas especializados, hubo carencias notorias tanto en la planeación como en la ejecución del operativo. Eso es innegable, como también lo es que se ha estado minimizando la capacidad, operación e influencia de la delincuencia organizada en la población.
Más allá de culpas y responsabilidades —que evidentemente existen y que deben ser política, administrativa y hasta penalmente sancionadas— es importante destacar varias aristas que quedaron al descubierto. La principal: la capacidad de fuego y planeación con la que cuentan las grandes organizaciones criminales del país. En menos de una hora ya tenían sitiada la ciudad, bloqueados los accesos de entrada y salida, así como escuadrones fuertemente armados —incluso con armamento antiaéreo— desplegados en puntos tácticos de la ciudad y en las principales carreteras. Todo dispuesto para atacar tanto a civiles como instalaciones militares, lo que les permitió presionar a las autoridades para lograr liberar a sus líderes.
Esto deja claro que Culiacán es un bastión importante para muchos grupos delincuenciales, tanto que demostraron tener capacidad para sitiar la ciudad en menos de una hora, tomar el control de las vías de comunicación, asaltar instalaciones estratégicas, atacar a las fuerzas federales y tomar el control de las calles para desplazar a discreción. Por tanto, podemos aducir que cuentan con inteligencia que, al parecer, al gobierno mexicano le faltó.
Sin lugar a duda, la estrategia de seguridad requiere una cirugía mayor. No es posible mantenerse en una ruta que, lejos de mostrarse humanista, se percibe permisiva y tolerante con la delincuencia organizada. También es cierto que la estrategia del pasado, basada en detenciones relevantes de cabecillas y líderes, generó grandes problemas, como la atomización de células delincuenciales, desarticuladas que, poco a poco, fueron tomando control de amplias extensiones territoriales, lo que —obviamente— tampoco es una solución.
Es indispensable fortalecer la inteligencia del Estado Mexicano, como un instrumento para la obtención de información que permitan planear, con mayor precisión y eficacia, las estrategias, planes y programas para combatir al crimen organizado. Si bien es cierto hay que atender los graves problemas de desigualdad social, también lo es que hay que coartar el poder económico de las agrupaciones criminales y coartarles la liquidez monetaria con la que compran conciencias, corrompen funcionarios públicos y someten a las comunidades. Asimismo, es indispensable no abdicar de la facultad coercitiva del Estado. El uso de la fuerza legítima es indispensable para detener acciones como las que vimos ese fatídico 17 de octubre, teniendo claro que la delincuencia se combate con información y estrategia, no con buenos deseos y concepciones erradas sobre la naturaleza humana.
@AndresAguileraM