Tras la Revolución Mexicana, la exigencia de una de educación integral de calidad para los mexicanos ha sido una constante que, lastimosamente, se
hemos quedado a deber como Estado Nacional. Desde la gran reforma educativa promovida por José Vasconcelos, bajo la Presidencia de Álvaro Obregón en 1924, no ha habido otra que le apueste, programática y racionalmente, a consolidar el Sistema Educativo Nacional como un instrumento eficiente para mejorar la calidad humana de los mexicanos.
Estimo —quizá irreflexivamente— que ello se debe a que la mayoría de los gobiernos postrevolucionarios, apostaron a darle continuidad a la visión vasconcelista dejándola, prácticamente, intocada y —consecuentemente— inacabada. Con ello el sistema educativo se transformó en un mecanismo con dos vertientes: un aspecto de mera capacitación para el desarrollo de actividades productivas y, por el otro, para el control político. De tal suerte que la formación humana, que requiere integralidad tanto de conocimiento como técnica, se abandonó dejando las cuestiones sociales y humanistas al garete de las condiciones y circunstancias propias de cada individuo, comunidad y sociedad.
El Estado no es solamente un complejo entramado de estructuras y sistemas, tiene fines inherentes como la seguridad de las personas y su desarrollo pleno, el cual sólo puede llevarse a cabo a través de la razón que surge de la asimilación de conocimientos y su aplicación a la vida cotidiana, lo que implica, necesariamente la valorización del ser humano y de la sociedad.
En las últimas décadas, el gobierno abandonó, de forma descarada, el sistema educativo de formación integral, para transformarlo —infructuosa y deficientemente— en un medio de capacitación para el trabajo, al tiempo que la estructura sindical normalista, la utilizó para propósitos de control político y de operación político-electoral, dejando al garete a generaciones completas que, —recordando a un infortunado ex Presidente de la República— fueron preparados para desempeñar trabajos riesgosos y penosos en los Estados Unidos.
En 2014 se reformó el artículo tercero constitucional cuyo objetivo fue transformar el sistema educativo nacional y sustituirlo por otro más acorde a las condiciones propias del país. Esa legislación fue derogada, regresando al modelo instituido en 1991 sin que, hasta el momento, se vislumbre alguna otra reforma tendiente a su modernización, con lo que se estaría condenando a, por lo menos, dos generaciones, a mantener los esquemas y programas fallidos de una época sumamente lamentable de la historia educativa del país.
Todos los que servimos al Estado Mexicano tenemos una profunda deuda con la sociedad: es indispensable reformar y poner en marcha un sistema educativo eficiente, que coadyuve a la formación del ser humano, para con ello fijar la ruta hacia un desarrollo virtuoso.
@AndresAguileraM