Diciembre siempre es un mes sumamente trascendental en la vida de la República, ya que es cuando los cuerpos legislativos,
tanto federales como de las entidades federativas, determinan tanto las estimaciones de recaudación del ingreso al erario como la distribución del gasto público. Por lo regular —y al menos en teoría— estos trabajos tienen su origen desde principios del último trimestre del año que, con base en el comportamiento de la economía, se generan previsiones de ingresos que permiten prospectar la forma en que se gastará el dinero público.
Ciertamente esta es una de las partes fundamentales del ejercicio del poder público, ya que a través del gasto es como se materializan los objetivos y metas propuestos en los programas de gobierno y la permanencia de los servicios públicos que la sociedad requiere para mantener una dinámica armónica y acorde a las expectativas de la gente.
Las necesidades son muchas y, en esa lógica, no existe un presupuesto suficiente para poder atender todas las necesidades sociales que tiene nuestro país. Por ello, la programación del gasto debe obedecer sí a la atención de necesidades, pero también para garantizar que las instituciones gubernamentales mantengan su operación y así permanezca el equilibrio necesario para garantizar la funcionalidad de todas las instituciones públicas. Por ello, romper el equilibrio en el gasto implica poner en riesgo la operación de las instituciones públicas y, con ello, poner en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad de la sociedad.
Por esta razón, las situaciones hacendarias de programación y presupuestación resultan ser prioritarias para garantizar la preeminencia y permanencia de las instituciones públicas. Su alta especialización ha permitido que, durante el paso de los años, se establezcan tanto unidades como objetivos de gasto que resultan prioritarios, invariables e irreductibles, con lo que se garantiza que, independientemente de las variables y altibajos económicos, la permanencia y operación de aspectos directamente relacionadas con la viabilidad del Estado y el cumplimiento de sus funciones prioritarias: brindar seguridad a las personas que lo conforman.
La operación y funcionalidad de instituciones públicas como ejército, policías, cuerpos de emergencia, tribunales, cárceles y todo aquello que forma parte del entramado de seguridad, procuración e impartición de justicia cobra especial importancia para el complejo social y por tanto, es indispensable su operación y permanencia, porque al fallar o mermar su operación, se pone en peligro la paz y la gobernabilidad del país.
Cuando un gobierno, en aras de aplicar el gasto con un fin avieso, como lo es gastar en obras de relumbrón o de alto reconocimiento social y, consecuentemente, políticamente rentables, como lo es el dispendio de recursos y enseres de obsequio inmediato, deja de destinar recursos a la operación institucional en materia de seguridad o de otras condiciones que no son tan vistosas pero que son necesarias para garantizar la gobernabilidad; por tanto, deja de cumplir con sus obligaciones fundamentales, con lo que pone en riesgo la viabilidad del Estado, es decir la vida y estabilidad de las personas, dejando en claro un nivel de irresponsabilidad supina y cínica en la que arriesga el presente y futuro de las y los mexicanos, en aras de mantener una forma de control y sometimiento, en detrimento del bienestar social y del futuro del país.
Andrés A. Aguilera Martínez
@AndresAguileraM