La reforma energética ha generado todo tipo de reacciones durante el presente año. Desde el anuncio hecho por el Presidente de la República con respecto a este tema, el posicionamiento de los partidos y el pronunciamiento de diversos actores de la vida política nacional, el tema y su resolución parece estancado debido a que se reduce a dos posturas: la apertura o la permanencia en la estatización.
La nacionalización del petróleo, efectivamente, es un tema mítico del Estado mexicano y que genera unidad por parte de la mayoría de los sectores de la sociedad. El mito nos fue inculcado desde la infancia, en donde los libros de texto mostraban al legendario presidente mexicano recibiendo el apoyo popular para el pago de las indemnizaciones por la expropiación. A partir de entonces, hasta ahora, el asunto vinculado a los hidrocarburos se ha vuelto un dogma de fe más que una situación de utilidad práctica y necesidad nacional.
Ciertamente me declaro un admirador del acto patriótico del Presidente Cárdenas, pues considero que la nacionalización de la industria petrolera fue un acto valiente y necesario para generar riqueza al Estado Mexicano. Indiscutiblemente, las condiciones políticas, económicas y sociales que privaban en el país imperaban una acción de esas magnitudes, pues los abusos –innegables y reiterados– de las empresas petroleras extranjeras requerían una acción drástica y enérgica de parte del gobierno; sin embargo, las condiciones actuales del país no necesariamente son las mismas que hace 75 años.
Para muestra un botón: la industria petrolera mexicana no ha tenido avances significativos en su progreso. Según datos difundidos en diversos medios de comunicación, se importa más del 75% del gas natural, 35% de los petrolíferos, entre otros joyas que denotan y hacen patente la irresponsabilidad política de quienes han dirigido al país durante los últimos 30 años y que dejaron en el abandono a la principal industria nacional.
En esta lógica es que se presenta la iniciativa del Ejecutivo Federal y que propone la intervención de la iniciativa privada en los procesos de extracción, refinación y procesamiento a través de un mecanismo bastante cuestionable que son los contratos de riesgo. A la par, el PAN presenta una iniciativa que pretende abrir por completo a la iniciativa privada el sector y el PRD que pretende hacer una reingeniería operativa y financiera, manteniendo la exclusividad y la tutela estatal.
Mientras esta discusión ocurre, nadie se toma la molestia de explicarle a la ciudadanía por qué su propuesta es mejor que las otras, o los beneficios que traerá para todos una u otra. La realidad es que la sociedad, que se supone es la dueña de la riqueza petrolera, hoy no cuenta con elementos reales para pronunciarse a favor o en contra de tal o cual iniciativa, pues nadie puede señalar en donde estriba el cambio o beneficio que habrán de brindarnos, pues hasta hoy la riqueza petrolera sólo se materializa en quienes dirigen la paraestatal y su gremio sindical.
@AndresAguileraM