El 26 de Septiembre de 2014, a raíz de la desaparición de los 43 normalistas en el Estado de Guerrero, se estableció un antes y un después en el actual sexenio y en la historia de procuración de justicia de México; como parte de la obligación del gobierno en turno, se
iniciaron las investigaciones correspondientes de manera inmediata, pronto vendrían los primeros resultados y con ello los ajustes gubernamentales derivados de los mismos, y a partir de ese momento, México sería nuevamente observado de manera internacional.
A poco más de un año del suceso en comento, cabría detenerse y reflexionar el sendero que éste caso ha seguido, tratando de conducirnos claro, sobre una línea de objetividad y de imparcialidad, cualidades que en repetidas ocasiones se han visto desvanecidas o mermadas en razón de opiniones e intereses que han buscado alterar su percepción, especialmente en los últimos días, pues a raíz del informe de los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado a conocer el 7 de Septiembre pasado, (justo en vísperas del primer aniversario de los sucedido en Iguala) el asunto retomó su debida relevancia.
Un ejemplo de las declaraciones que tuvieron eco en los medios en detrimento de las investigaciones de Ayotzinapa, es por ejemplo la proferida por Samuel González Ruiz ex asesor interregional para asuntos de justicia penal en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, quien afirmó que el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Emilio Álvarez Icaza, estaba incurriendo en conflicto de intereses, en razón de ser mexicano, y al mismo tiempo conocer de asuntos suscitados en su país, declaración que fuera descartada por James Cavarallo primer Vicepresidente de la CIDH y relator para México, quien hizo mención de la excepción que aplica para el Secretario Ejecutivo del organismo, y enfatizó que Álvarez Icaza, solamente ejecuta las decisiones que los comisionados toman previamente.
Ahora bien, sobre el caso en comento, es válido mencionar que a este preciso momento, México cuenta con dos opiniones sustanciales y de la mayor importancia para continuar con la búsqueda del paradero de los normalistas; a la primera ya me he referido, es el informe que los expertos de la CIDH entregaron a inicios de septiembre, la segunda, son los resultados de la Universidad de Innsbruck en Austria, mismos que corroboraron la identidad de otro de los normalistas en los restos óseos enviados para su análisis, y que si bien ambos planteamientos pueden ser considerados como discordantes en sus resultados; también es cierto que ellos reflejan la apertura y las disposición del Estado para dar solución a este asunto, allegándose incluso de instancias externas para la resolución del caso.
Esto último, como comentario respetuoso para aquellos que valiéndose del 47 aniversario de los asesinatos de Tlaltelolco, correlacionan ambos hechos, tratando de encontrar en dos gobiernos diametralmente opuestos una similitud, y aprovechando una fecha de luto nacional para hacer de ambos sucesos una sola vorágine, tal vez no quieran recordar la actuación de aquel gobierno de finales de los 60´s, que se negó hasta el último momento en responder por esas muertes, más aun, por siquiera considerar la entrada de organismos internacionales para aclarar el asunto. Luego entonces, medir con la misma vara, sería imposible y finalizo mencionando, que la terea gubernamental en la búsqueda de los responsables, si se está cumpliendo.