El domingo anterior fue uno de los días con menos número de homicidios y/o feminicidios dolosos en el país, con 52 muertes de acuerdo al Informe de Seguridad de Gobernación.
En lo que va del año, según estudios de la empresa TResearch,
sumaron en este año, hasta el 18 de julio, 17 mil 848 fallecidos cifra elevada pero sensiblemente menor a la sumatoria en ese lapso de los años anteriores.
Sin lugar a dudas la violencia es actualmente el mayor reto para el gobierno del presidente López Obrador, al grado de que hace unos días en su acostumbrada mañanera, el hombre de Macuspana reconoció que “si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”.
Los asesinatos registrados del fuero federal han tenido una reducción del 25 por ciento, pero son tradicionalmente menores a los del fuero común, que corresponde al ámbito de la justicia estatal, es decir a los gobernadores. No obstante es también responsabilidad del Ejecutivo Federal, tal como lo reconoció en la misma mañanera.
Hay severos vicios en la impartición de justicia en los gobiernos estatales, como en el caso de Guanajuato, donde pese al terrorífico aumento de ejecuciones y enfrentamientos armados, el Fiscal Carlos Zamarripa, estatal es inamovible, gracias al apoyo del gobernador panista Diego Rodríguez y la embajada de Estados Unidos.
En Guanajuato han muerto dolosamente en este año, 1856 personas hasta el 18 de julio, siendo el estado con más fallecidos de todo el país. El trabajo de Zamarripa, con un nombramiento que duraría todavía 9 años, es deleznable, pero el gobernador lo mantiene a pesar de que hasta López Obrador ha pedido su separación del cargo.
Difícil avanzar así en la pacificación del país, lo sabe el Presidente, aunque no se amedrenta y compromete el prestigio de su gobierno en lograr la pacificación del país sin más violencia por parte del Estado ni sus cuerpos de seguridad. El tiempo apremia.
SUSURROS
La empresa israelí NSO Group y su maliciosa software Pegasus quedaron al descubierto y la cloaca se abrió.
Mediante una investigación en la que participaron cientos de periodistas de muy distintas partes del mundo se supo que al menos 50 mil teléfonos inteligentes (Smart phones) de periodistas, activistas, líderes políticos y empresariales, fueron infiltrados con un malware para conocer todo sobre ellos.
NSO group sólo vendía, al menos esa es la información oficial, su malware a gobiernos para que estos espiaran a opositores, rebeldes o incluso a personas de su propio gobierno.
De México se habla de haberse incrustado hasta en 15 mil números de periodistas, políticos, líderes sociales y otras personas de interés del gobierno, durante el mandato de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál será la reacción de la presente administración y de la sociedad, justo cuando se preguntará al pueblo sobre si se debe o no enjuiciar los ex presidentes el próximo primero de agosto?
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Periodista desde 1974, ha trabajado de reportero y columnista en diferentes medios (Excélsior, Televisa, Diario de la Tarde, Novedades, El Día, NTR, entre otros). Comentarista en Radio Fórmula, Radio 13, y Radio ABC