En octubre de 2018, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió a los “hermanos migrantes centroamericanos” que en México
se les daría trabajo y que tendrían protección en su camino para Estados Unidos.
“No se puede estar enfrentando este problema solo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, hay que garantizar los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida, a buscarse la vida, el derecho a ir a trabajar honradamente, mitigar el hambre y la pobreza”, aseguró.
Pero en junio de 2019, y debido a la presión ejercida por el entonces presidente norteamericano Donald Trump, se firmó un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y México, en el cual el gobierno federal se comprometió a reducir los flujos migratorios hacia territorio estadounidense.
Ambas administraciones buscarían “fortalecer y ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica”.
Como resultado de lo anterior, el gobierno mexicano anunció la entrega de recursos a los beneficiarios de los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” a través de la transferencia de recursos por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), lo cual quedó asentado en la firma de las Cartas de Intención entre México y El Salvador en Tapachula, Chiapas (20 de junio 2019) y entre México y Honduras en Minatitlán, Veracruz (27 de julio de 2019), para ejecutar iniciativas de cooperación internacional para el desarrollo.
En junio de 2020, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) publicó: “Hace un año, los Estados Unidos y México firmaron un acuerdo migratorio que ha empeorado el desastre humanitario en la frontera de Estados Unidos-México y en el sur del segundo.
“Bajo el pacto, México acordó desplegar a la recién creada Guardia Nacional en las fronteras sur y norte, tomar medidas enérgicas para detener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos y permitir la expansión de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), mejor conocidos como “Quédate en México”, obligando a miles de personas solicitantes de asilo a esperar sus audiencias de asilo en los Estados Unidos, en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas”.
Y las cosas han ido de mal en peor.
El gobierno federal continúa sin instrumentar una política que de manera integral aborde el fenómeno y, más aún, contribuya a mejorar las condiciones de vida incluso de los habitantes de los estados que registran la mayor presencia de extranjeros.
La eventual securitización de la política migratoria por parte de las autoridades mexicanas en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) permitiría conocer si efectivamente su posición es similar a la del gobierno estadounidense que “mira a los migrantes como una potencial amenaza de seguridad nacional”.
LOS PROGRAMAS
Cabe señalar que los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” dejan mucho que desear. De acuerdo con información de AMEXCID, el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe habría destinado desde 2011 casi 150 millones de dólares a proyectos en 11 países de Centroamérica y el Caribe, de ese monto, en 2019 el gobierno de López Obrador habría aprobado 62 millones para esos programas sociales en El Salvador y Honduras, para generar empleos, pero no se tiene información si efectivamente ese dinero llegó a los presuntos beneficiarios.
En noviembre de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló (El Economista 27-11-2020) que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no envió los 62 millones de dólares a los gobiernos de Honduras y El Salvador, como lo prometió, para usarlos en los programas, con el propósito de reducir la migración desde esos países.
Los recursos se transfirieron al Banco del Bienestar S.N.C., en su carácter de corresponsable financiero para su realización, pero la institución bancaria mantuvo invertidos los recursos durante 2019, por lo que en ese año no fueron ejercidos. ¿Ese dinero generó intereses? Si así fue, ¿a dónde fueron a parar?
En septiembre del año pasado se conoció que el Banco del Bienestar tenía bajo su resguardo la donación de 885 millones 661 mil pesos (o 46.5 millones de dólares), que fue otorgada para financiar la puesta en marcha de los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando Vida” en Honduras y El Salvador; lo anterior fue revelado por la misma AMEXCID, organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que inclusive enfatizó que los recursos no se utilizaron “por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, ya que era prioridad de los gobiernos de México, El Salvador y Honduras atender la crisis sanitaria.
LO MISMO PERO MÁS CARO
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) manifestó su preocupación por la situación migratoria que vive actualmente el país y lamentó que, hasta el momento, el gobierno de México haya evadido su responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes.
“Con tristeza vemos que la actual política migratoria del gobierno de México ha recrudecido sus acciones de contención a los flujos migratorios y se aleja cada vez más de una visión humanitaria para la atención integral de las personas en contexto de migración”.
El gobierno mexicano, lamentó la CEM, ha delegado a las casas del migrante de la Iglesia Católica, de otras iglesias y de la sociedad civil en general, la responsabilidad de atender a los migrantes.
En este contexto, destacan las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, respecto a que el gobierno de Estados Unidos dará una ayuda adicional de 20 millones de dólares a México y Centroamérica para responder “a las necesidades urgentes de los cerca de 700 mil demandantes de asilo, refugiados y migrantes vulnerables” en esos países.
Explicó que los recursos servirán para aumentar el acceso de esas personas a mayor protección y a servicios psicosociales y sanitarios, entre ellos prevención y tratamiento contra el COVID-19, así como alojamiento y asistencia legal. Manifestó que con esos recursos, la asistencia humanitaria para México y Centroamérica asciende a 331 millones de dólares para el año fiscal 2021, que acaba en septiembre próximo.
El portavoz agregó que su país busca un manejo "colaborativo" de la migración en la región, lo que incluye una mayor protección de los migrantes y respuesta a sus necesidades humanitarias urgentes.
En México, lo único que ha hecho el gobierno federal es tratar de contener el flujo migratorio con escasos resultados; lo que sí ha logrado la administración de López Obrador es poner a nuestro país en la mira internacional después de los lamentables hechos en los cuales elementos de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración han sido grabados mientras agreden a ciudadanos extranjeros.
Por otra parte, ¿en qué han gastado las autoridades los recursos destinados a programas que atiendan la migración?; de los 331 millones dólares que mencionó Price ¿cuánto le toca a México y en qué se va a gastar?
Por último, ¿realmente el tabasqueño cumplirá lo dicho en Chiapas en octubre de 2018 y los migrantes tendrán protección en su camino hacia Estados Unidos?
O será una más de sus promesas incumplidas, o lo que es lo mismo, el gatopardismo de la 4T.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. @GarciaJJavier
Periodista y analista político con 30 años de experiencia. Director y subdirector editorial de revistas y periódicos. Conductor de radio y televisión.