El “laissez faire, laissez passer” del gobierno federal. El problema del desplazamiento en México ha sido –como muchos otros asuntos– minimizado por el actual gobierno federal.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) lleva a cabo un monitoreo de la situación de desplazamiento interno causado por violencia en México, a través de la información que reportan los medios de comunicación.
De acuerdo con los datos de esa organización publicados en mayo pasado en el portal animalpolitico.com, de enero a diciembre del año pasado, documentó 41 eventos de desplazamiento interno en 10 estados: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas, en 55 municipios y más de 100 localidades.
La organización considera que en 2021, al menos 28,867 personas fueron obligadas a desplazarse internamente como consecuencia de diversos conflictos y de la violencia generada por los grupos del crimen organizado. Lo preocupante es que el dato es el mayor que han registrado desde 2016 “y casi equivale a la suma de personas desplazadas en 2020 (9,741), 2019 (8,664) y 2018 (11,491)”.
“Una parte importante del aumento en el número de desplazamientos en 2021 se debe a la situación en Michoacán, donde el recrudecimiento de la violencia derivada de la disputa entre cárteles por el control del territorio ha ocasionado el desplazamiento de al menos 13,515 personas en 29 municipios. Muchas de estas personas se han trasladado a estados fronterizos con intención de solicitar asilo en Estados Unidos, situación que se evidencia en los albergues para migrantes, que reciben cada vez más a personas mexicanas desplazadas por la violencia. Otro caso de destaque es el estado de Zacatecas: sin registro de desplazamientos relacionados con la actividad de grupos del crimen organizado hasta 2020, en 2021 registró nueve eventos de desplazamiento por esta causa, con más de 3,500 personas desplazadas y cinco municipios afectados”.
La secretaria del Migrante, Brenda Fraga, confesó que el 90 por ciento de los michoacanos desplazados manifestaron su rechazo a regresar a Michoacán y solo un 10 por ciento de ellos condicionó un eventual retorno si las condiciones de seguridad mejoran. Ante ello, la servidora pública dijo que se firmará un convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para crear un programa piloto que permita a 300 desplazados dirigirse a estados del país más cercanos a Michoacán si su condición se los permite y comenzar su vida. Quienes deseen quedarse en Tijuana, lo podrán hacer, salirse de los refugios, buscar un trabajo, una vivienda y quitarse la etiqueta institucional de refugiados. Fraga manifestó que el flujo de desplazados es permanente, no se detienen, más por las condiciones que se viven en los lugares de origen. (https://www.quadratin.com.mx/sucesos/el-90-de-los-desplazados-no-regresaria-a-michoacan-semigrante/)
En los municipios de Guadalupe y Calvo y Madera, Chihuahua, ubicados en la Sierra Tarahumara, los grupos del crimen organizado han asesinado a muchas personas por lo que la gente ha tenido que dejar sus comunidades para que los delincuentes se dediquen al tráfico de drogas sin nadie que los moleste pero también se han diversificado a la tala ilegal. Lo mismo sucede en Guerrero y Zacatecas.
¿Qué hacen los gobiernos federal y estatales? Poco o nada.
En algunos casos el Ejército ha acompañado a las personas para que puedan regresar a sus casas a recoger cosas; en otros, se han instalado bases para dar tranquilidad a los habitantes al regresar a sus comunidades pero en la mayoría de los casos la gente ya no ha retornado a sus casas y literalmente ya hay pueblos fantasma en varios estados. No hay capacidad para devolverle la tranquilidad a todas las familias desplazadas.
Cabe resaltar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 96/2022 a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván; al fiscal general del estado, Roberto Javier Fierro Duarte; así como a los presidentes municipales de los ayuntamientos de Guazapares y Uruachi, Joel Bustillos Ramírez y Marcelo Rascón Félix, respectivamente.
“Las acciones realizadas por las autoridades municipales y estatales no fueron eficaces ni eficientes para garantizar la seguridad de las víctimas ante la violencia que imperaba en esa zona, pues aun cuando tenían conocimiento de ello, omitieron poner en práctica medidas para prevenir homicidios, lesiones y daños, además de que bienes y propiedades de las víctimas fueron robados, vandalizados, ocupados por personas desconocidas y, en algunos casos, destruidos”, afirmó la CNDH.
Eso es lo que acontece en varios estados del país y el problema seguirá al alza debido a la estrategia de abrazos y no balazos. El “laissez faire, laissez passer” del gobierno federal a los grupos de la delincuencia organizada.
El próximo viernes 9, la relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary, rendirá un informe público de su visita a la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero y Chiapas.
Jorge Javier García Mendoza
@GarciaJJavier
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Periodista y analista político con 30 años de experiencia. Director y subdirector editorial de revistas y periódicos. Conductor de radio y televisión.