En este sexenio lejos de aplicar la ley a las bandas delincuenciales se les ha tratado con afecto, consideración y en
ocasiones apoyo. El propio presidente ha sido visto con familiares de narcotraficantes y constantes visitas a Baridaguato. El saludo a la mamá del "chapo" fue un mensaje claro de que los escucha y los atiende y el ofrecer disculpas por decirle chapo a Joaquin Guzmán es un síntoma de respeto. Pero más aún, hay videos y testimonios que exhiben a miembros de la Guardia Nacional conviviendo y saludando a civiles armados en diferentes carreteras del país. Pero el asunto creció el pasado 30 de junio, cuando 16 trabajadores del penal de Ocozocoautla, de la secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas, fueron secuestrados por un grupo del crimen organizado. De acuerdo al gobernador Rutilio Escandón, fueron empleados liberados a los tres días debido a las gestiones del gobierno Federal. La exigencia de los secuestradores era la destitución fulminante de tres funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad la cual, hasta donde se sabe, no procedió y aún así fueron liberados los trabajadores. Semanas después en Chilpancingo, Guerrero, el 11 de julio, se generó una manifestación y un bloqueo con la participación con cerca de tres mil pobladores de Quechultenango. Le siguen, aparentemente, la liberación de algunos secuestrados. No hubo más información y el enfrentamiento fue controlado por negociaciones según la gobernadora del Estado. Al parecer y por las versiones oficiales se negoció con los crimínales por encima de la ley que evidentemente no se aplicó. Fueron y se trataron de actos premeditados de violencia hacia la población civil con exigencias de carácter político y de cambios en mandos del gobierno. Y con frecuencia esto mismo se repite en la autopista Mexico/Cuernavaca en donde ya es un deporte secuestrar casetas de peaje y extorsionar a los automovilistas, en ocasiones frente a la presencia de la Guardia Nacional, sin que estos intervengan. Los Estados Unidos han declarado la guerra frontal contra los grupos terroristas incluyendo a los carteles mexicanos de la droga. Congresistas de aquella nación han exigido al gobierno de Biden ya intervenir en México, ante la complaciente política de AMLO y su estrategia de “abrazos no balazos”. Allá del otro lado de la frontera “the rules of the law” impide negociar con terroristas. Aquí, se resuelve con acusar a los delincuentes con sus abuelitos, caso concreto el secuestro en Chiapas. Calificar de terroristas a los narcos mexicanos es delicado pero quienes se niegan esconden la impunidad argumentando que estos grupos no pretenden ni influir en actos de gobierno, ni tomar el poder. Sin embargo lo hacen de manera indirecta interviniendo directa o indirectamente en los procesos electorales o asesinando a los candidatos inconvenientes. El caso dé Ayotzinapa se dimensiona al considerar que en el evento de la desaparición de los jóvenes hubo contubernio entre gobernantes y células del narcotráfico además de que la rural Isidro Burgos funciona como núcleo de adiestramiento paramilitar y adoctrinamiento politico, ambos asuntos que ni ha desmentido el gobierno, ni ha intervenido en su control. Asunto que viene a detonar incluso en las instalaciones secuestradas el interior de la UNAMy que se ha demostrado su vínculo con grupos crimínales e incluso las FARC. Así que el gobierno mexicano debe aclarar este tipo de negociaciones que van más allá del discurso oportunista de respetar sus derechos “porque también son humanos”.
CARLOS RAMOS PADILLA
@cramospadilla
*Conductor del programa VaEnSerio mexiquense tv canal 34.2, izzi 135 y mexiquense radio