Parece que continúan los movimientos estratégicos de seguridad nacional en Estados Unidos sin considerar ni informar al gobierno mexicano.
La atención había sido puesta en la “voluntaria” entrega de Joaquín Guzmán y Zambada a las autoridades estadounidenses dejando la peste de corrupción en la administración de Sinaloa.
Se supo que el pacto celebrado era “proteger a las familias” de los narcos, en una elemental lectura que indica, que si se presenta una intervención directa de las fuerzas de élite estadounidenses en México contra los “narco terroristas”, los parientes cercanos a los capos serían protegidos.
Se da a conocer ahora que unos 17 integrantes de la familia de Joaquín 'Chapo' Guzmán se entregaron a autoridades extranjeras saliendo de Culiacán. Fueron como en paquetería entregada al FBI, sobresaliendo una hija del Chapo y su exesposa Griselda López (madre de Ovidio, extraditado), declarado recientemente como culpable de diferentes delitos con la intención de reducir la sentencia.
Los familiares tendrán residencia especial en el país vecino. Sin embargo la presidenta (con a) reconoció que “no hay más información que la que ha salido en las notas". No obstante las repercusiones serán mayúsculas y ella lo sabe. Además se confirma la activación de un instrumento operativo estadounidense conocido como la “Lista Marco”, en relación al secretario de Estado, Marco Rubio.
Ahí destacan a 44 políticos, funcionarios y militares mexicanos, como presuntos colaboradores, beneficiarios o protectores de organizaciones delictivas transnacionales (una lista que en principio incluía a once sujetos). Sheinbaum sabe que este análisis no forma parte de ningún acuerdo de cooperación binacional y queda bajo los archivos de máxima secrecia del Departamento de Estado en cooperación con el de Justicia.
Y ya empezaron a operar con la cancelación inmediata de visas personales, diplomáticas o de negocios, incluyendo familiares directos como es el caso de los Yunes y ahora a la gobernadora morenista Marina del Pilar y a su esposo Carlos Torres, incluyendo el congelamiento de sus cuentas en los bancos Wells Fargo y Bank of America, por trabajar en redes vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación y pronto se procederá a Interrogatorios prolongados y sanciones administrativas.
Adicional, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue interceptado junto a siete de sus colaboradores en la garita de Brownsville (también fueron canceladas sus visas). Estos son los primeros pasos y Sheinbaum sí sabe que o empieza a entregar a cómplices de alto nivel de Morena y su gobierno con el crimen organizado o vendrán por ellos. De ahí la escalada de presiones de Trump hacia Sheinbaum en lo que aquí se consideran conversaciones “amistosas”.
El cerco se endurece con gobernadores de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Campeche, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, así como líderes del Congreso en el Senado y Diputados al igual que funcionarios actuales del gabinete, ex miembros y militantes activos de Morena y familiares de AMLO.
Caso muy especial amerita la investigación sobre Manuel Bartlett. Queda sin duda pues que las primeras advertencias y serias ya están dadas: revocación de visas y protección a familiares de capos. Entonces, ¿para qué esperar?