En este país ocurren muchas cosas y otras tantas dejan de funcionar. Y no es que esas disfunciones sean producto de la casualidad, sino de nuestra incompetencia, o para decirlo mejor, de la incompetencia de nuestros conspicuos funcionarios que cada día están peor de lo que pensábamos. Y es que tampoco se trata de denostar sin razones válidas, simplemente es que si hacemos una lista de esas incompetencias a que me refiero, confluiríamos en que lo malo es infinitamente superior a lo poco bueno que hay en el país. Pero también hay que decir que este país tiene remedio si nosotros, quienes elegimos a los que gobiernan, tuviéramos un poco más de cuidado a la hora de tomar las decisiones mayoritarias, y ese es el principal indicativo que la solución está en nuestra democracia.
Hace mucho tiempo que perdimos la ruta de la readaptación y la reinserción social. Ya no existen aquellos centros de reclusión que hacían de todo con tal de preparar a los reos para su eventual regreso a la libertad y formar exitosamente parte de esa sociedad a la que dañaron. Las escuelas de artes y oficios funcionaban bien y quienes cumplían su condena al menos salían con un oficio que les ayudaría a sobrevivir.
La Reinserción Social dejó de estar en el centro de nuestro sistema penitenciario desde hace muchos años porque el control paso a manos de los reos, y principalmente en aquellos que de una u otra forma siguen perteneciendo al crimen organizado. La readaptación social se convirtió en un mecanismo de redención para quienes han sido privados de su libertad legal o ilegalmente, y la mayor parte de los penales en escuelas de especialización delincuencial.
El motín o enfrentamiento entre bandas rivales en el Penal de Topo Chico provocó la muerte de al menos 49 presos. Claro está que no eran blancas palomas porque pertenecían a bandas que se disputaban el control del penal. Hasta ayer por la noche las autoridades del Estado de Nuevo León no tenían la certeza de la identidad de algunos de ellos, lo que habla del desorden administrativo existente en el sistema penitenciario estatal.
Solamente se han identificado a cuarenta de los que perdieron la vida, pero cinco de los restantes nueve están calcinados, y se tendrá que hacer un muestreo entre la población carcelaria para determinar el nombre de cada uno de ellos. Eso habla de un brutal desorden administrativo porque ni la misma autoridad sabe a ciencia cierta el nombre de cada uno de ellos a causa de sus múltiples ingresos y los consecuentes registros.
El sistema carcelario del país está al borde del colapso. La mayor parte de los penales tienen autogobierno por la incapacidad del Estado Mexicano y de los estados del país para mantener el orden. Y no es que la Federación tenga que asumir su papel de garante de la readaptación social, pero bien haría la Secretaria de Gobernación y la Policía Federal en tomar cartas en el asunto. México no puede seguir por ese camino. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.