Muchas cosas pasan en el mundo y otras tantas en México que no encuentran una explicación convincente a la vez que certera. Primero habrá que decir que ha sido un brutal error traer a presuntos activistas activistas que bajo la careta de los derechos humanos buscan politizar casos como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Controvertir a las estructuras de los gobiernos pareciera que se ha convertido en la especialidad de aquellos que se dicen especialistas y que no lo son porque lo único a que vinieron fue a destruir la confianza de un número importante de mexicanos en sus autoridades. Para decirlo de otra forma, vinieron a realizar activismo político de la forma más irresponsable, y todavía pagamos a cada uno de ellos la friolera de ocho millones de pesos por sus honorarios.
Si tuviéramos que describir el significado del vocablo “Infamia” diríamos que “es una maldad o vileza que afecta el honor o el crédito de una persona”. En ese sentido, así como las torturas constituyen una infamia para cualquier régimen democrático, y que ha sido parte del debate de los últimos días con los sucesos en que se vieron involucrados miembros del Ejército y al Policía Federal Preventiva por los excesos cometidos con una detenida en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, la infamia también se da como parte de una lucha ideológica política. Si algo queda claro es que la actuación de los presuntos especialistas del Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha significado como un acto deliberado de intromisión en la política interna del país, a causa de las ambiciones políticas de quién se encarga del capítulo de los derechos humanos: Emilio Álvarez de Icaza.
No es gratuito que algunas expresiones de la izquierda radical de este país, ligadas a la estructura de defensa de derechos humanos conformada por los jesuitas que promulgan a la “"Teología de la Liberación” como la panacea de los regímenes democráticos del Continente, a partir de la opción preferencial de los pobres para acceder al ejercicio del poder público, ya hayan hablado de la postulación presidencial de Emilio Álvarez de Icaza para el 2018. Quizá por ello es que los presuntos expertos comenzaron a hacer declaraciones al diario estadounidense The New York Times en el sentido de que no pudieron concluir la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa debido a los obstáculos puestos por el gobierno mexicano, puesto que no lograron entrevistar a personas clave en la investigación, seguramente refiriéndose a los miembros del Ejército Mexicano.
Lo que en realidad pretendieron siempre fue involucrar a la fuerzas armadas para justificar la desaparición forzada de personas. Y eso también explica la cercanía de Vidulfo Rosales de Tlachinollan, ligada estrechamente al Centro Pro de Derechos Humanos, organización base de Emilio Álvarez de Icaza para el despliegue de su activismo antigubernamental. Sin lugar a dudas lo que pretenden los miembros del GIEI es un acto de infamia contra el gobierno de este país. Hay que decirlo fuerte y claro: no son expertos, son activistas políticos de la Teología de la Liberación. Al tiempo.