La movilización social ha representado un jugoso negocio para los liderazgos de todos los partidos, pero hay que hacer una puntual aclaración, y es que por mucho que algunos pretendan disfrazar sus exigencias con el halo de la sociedad civil organizada, las motivaciones responden a intereses particulares o de grupo. Por desgracia la cultura
de la exigencia no ha perneado entre los ciudadanos y seguimos dependiendo de los intereses de unos cuantos.
Sin lugar a dudas quienes se presentan en las calles como los reivindicadores de las causas más sentidas de la sociedad son charlatanes y en algunas ocasiones delincuentes. Porque en este país cometer un delito en la defensa de las causas colectivas, ocurre por la maldita costumbre de disfrazar la protesta delincuencial con el manto de la democracia para evadir la aplicación de la ley. No es nuevo, desde que existen las oposiciones de la presunta izquierda democrática, que tienen poco de democráticas y mucho de delictivas, la comisión de delitos se ha vuelto la constante.
Al grito de “"Democracia ya, Patria para todos”, que es el lema central del Partido de la Revolución Democrática diseñado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, las calles se convirtieron en parte importante de la arena política y la industria de la protesta creció con singularidad, para dar vida a una de las expresiones surgida de una escisión del partido mayoritario, y las reminiscencias de las organizaciones clandestinas que resultaron beneficiadas por la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales concebida por Jesús Reyes Heroles.
Me permitiré hacer una lista de los delitos que se cometen en aras de la democracia y su punibilidad: Ataque a las vías de comunicación, 1 a 4 años de prisión. Delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos, 6 meses a 2 años de prisión. Elaboración o alteración y uso indebido de placas, cuatro a ocho años de prisión. Utilización de sustancias tóxicas, por incendio, violencia extrema, que perturben La Paz pública, de cinco a treinta años de prisión. Amenazar a la autoridad, o utilizar la violencia para perturbar el orden público, de seis meses a siete años. A quienes resistan o ataquen a las autoridades para impedir el ejercicio de sus funciones, de seis meses a ocho años de prisión.
La mayor parte de las organizaciones opositoras cubren con creces este perfil cuando se trata de demostrar su impunidad. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son especialistas en la comisión de delitos con una brutal impunidad. Hasta ahora los más graves son el de motín y sedición sin que a la fecha pase nada. Por eso hablo de impunidad desde la presunta sociedad civil, ese ente amorfo que sirve para la violación de la ley con la mayor impunidad. ¿Hasta cuando seguiremos así? Hasta que la ley se haga valer. Al tiempo.
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