Muchas veces he señalado que en México la aplicación de la justicia sigue siendo un problema de corrupción. Diversas historias he contado acerca de los excesos y omisiones de los juzgadores, y hasta ahora solamente he recibido silencio de parte de los encargados de sancionar las oprobiosas conductas de los encargados de juzgar y castigar a los juzgadores.
Aquellos llamados de Felipe Calderón al inicio de su sexenio a los integrantes del Poder Judicial a causa de la liberación de muchos consignados por delitos graves, tenían su razón de ser en el sesgado criterio de muchos impartidores de justicia. La razón principal, a decir de ellos, era que las averiguaciones previas y los pliegos de consignaciones por parte de los Ministerios públicos estaban mal fundamentados y peor integrados.
Pero consignaban y sentenciaban a diestra y siniestra cuando de proteger intereses se trataba, o de sentenciar a inocentes, esos a los que durante el “calderonato” se consignaban como presuntos delincuentes solamente para llenar las estadísticas. Muchos casos de este tipo analiza e investiga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en la mayor parte ha comprobado la falta de probidad de los juzgadores para sentenciar inocentes y la lenidad a la hora de decidir en aquellos asuntos que involucran a los poderosos. Para decirlo de otra manera, la justicia no es igual para ricos o pudientes que para los menesterosos o pobres. Sé que esta opinión no gustará nada a los “honorables” miembros de la parte del Estado Mexicano encargados de administrar e impartir la justicia, pero no tengo porqué matizar una opinión después de lo que viví durante mi carrera como litigante.
Como dije al inicio, la justicia en México sigue siendo un problema de corrupción, y la mejor demostración de ello es que el Consejo de la Judicatura Federal presentó ante el ministerio Público de la Federación una denuncia de hechos por probables delitos cometidos por dos ex magistrados, un ex juez y un ex secretario técnico, vinculados con actos de corrupción para la operación de casinos. Este no es un asunto novedoso. Durante muchos años los medios de comunicación hemos reseñado la forma en que los dueños de casinos se hicieron de elementos para permanecer abiertos sin que mediara siquiera una promoción ante la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, porque contaban con el permiso de altos funcionarios y la complicidad de diversos miembros de la Judicatura Federal, sin que ocurriera nada y sin que fueran molestados con una inspección.
Los funcionarios locales, federales, los juzgadores y hasta las administraciones estatales y municipales, participaron de esa gran ola de corrupción que les dejaba jugosos dividendos, a todos, sin que nadie osara levantar siquiera una constancia de ello. Los jueces fueron los más sordos y los magistrados los más involucrados. Muchas denuncias llegaron al Consejo de la Judicatura Federal, y no pasaba nada. ¿Por qué ahora son tan expeditos para determinar sanciones si antes no lo hacían? Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.