No sé usted, pero observo cada vez más un panorama nacional cuajado de una espesísima sospecha, en donde los políticos resultan los protagonistas principales de una trama en la que prácticamente nadie se salva de una presunción negativa, lo que agrava la crisis del país y frustra su desarrollo.
Digo esto porque el intercambio de lodo envuelve la vida política. Casi todos, por no decir todos los políticos, los gobernantes mexicanos, están bajo sospecha y bien a bien nadie sabemos si son verdad o son mentira los señalamientos, acusaciones, investigaciones y denuncias de que se trata de personas de comportamiento sucio, ruin y perverso. El caso más paradigmático de esta nefanda realidad nacional pudiera estar ejemplificado por estos días en la pesquisa que encabeza la PGR en contra del panista-perredista Ricardo Anaya. Tienen semanas los señalamientos en su contra, pero desconocemos la verdad del caso y se da la circunstancia insólita de que el llamado "joven maravilla" aún no enfrenta cargos formales. ¿Cómo puede discurrir así la llamada justicia mexicana? Y uno se imagina, a falta de realidades concretas, si esto ocurre con un "personaje" que aspira a la presidencia del país, qué sucederá en los bajos fondos de la realidad cotidiana del país.
Esta experiencia se repite en infinidad de casos que involucran o debieran involucrar la claridad y celeridad de una adecuada investigación, el proceso expedito de procuración de justicia y las sanciones o absoluciones debidas. No ocurre esto, claro. Impera en su lugar la duda, la sospecha, si no es que la condena o exculpación conforme los criterios populares o cupulares. Pero el mexicano promedio nunca termina por saber la verdad de los hechos.
El patrón se repite con una frecuencia y una contundencia tal que abruman. Léanse y recuérdense casos paradigmáticos como la Casa Blanca presidencial, las residencias del ex titular de Gobernación, Osorio Chong, la casa de Malinalco del hoy canciller, las propiedades de la perredista Alejandra Barrales, la llamada estafa maestra presuntamente orquestada por Rosario Robles, el escándalo millonario de Odebrecht, los intereses en el sector energético de Pedro Joaquín Coldwell, los fondos para la reconstrucción postsísmica, los fondos millonarios canalizados a Josefina Vázquez Mota, los moches panistas, el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, el caso de la guardería ABC, los 43 de Ayotzinapa y la "verdad histórica" de Murillo Karam en su faceta de procurador y un larguísimo etcétera que alcanza a la casi veintena de ex gobernadores del país, para no alargar esta referencia.
También se dice que el candidato de todos Unidos por México, José Antonio Meade, tiene cola que le pisen no sólo por su presunta responsabilidad en hechos pecuniarios ilícitos cuando ejercía cargos de alta responsabilidad federal. López Obrador tampoco se salva, al menos en cuanto toca a cuáles han sido y de dónde han salido los fondos para su manutención y de su familia por muchos años.
Todo esto deriva en un creciente desgano social, la frustración y la suposición -cierta o no, es lo de menos- de que todos los políticos son iguales de corruptos y que sólo ascienden a los cargos públicos para robar. Esta opinión pública generalizada nada ayuda a la construcción de un país, y mucho menos de una democracia. Urge un estado de derecho, sustentado en un orden judicial impecable y libre de sospecha.
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