Algo anda mal y huele peor en al menos un predio de la alcaldía Benito Juárez respecto a la construcción de un par de
torres ubicadas en Avenida San Antonio, número 95, Colonia Ampliación Nápoles, en la Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03840, en esta Ciudad de México. Documentos de la propia demarcación, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, entre otras, colocan en la mira a un constructor de nombre Moisés Zapán, a quien fuentes vinculadas con el caso mencionan como posible beneficiario de las canonjías asociadas al poder económico y la protección política.
Aun cuando hace ya varios años a los panistas se les ha vinculado con el Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez, el caso referido parece haberlos ya rebasado para involucrar a funcionarios y políticos de diferentes partidos.
El caso data del 2017 cuando se registró la adquisición de departamentos en preventa, en un inmueble con un proyecto de 12 pisos. Con el aval y la confianza de la operación que procedería mediante un fideicomiso aperturado en Banca Mifel, se dio por hecho el orden y validación de la información y los permisos correspondientes.
En la trama de esta historia figura el ex senador Miguel Ángel Mancera, quien según diversas fuentes conocía de tiempo atrás a Moisés Zapán, quien opera además una concesión de parquímetros en varias colonias en la Benito Juárez.
Cuando Mancera ocupó la Jefatura de Gobierno de la CDMX entre 2012 y 2018, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) otorgó a Zapán permisos para construir el inmueble referido hasta de 11 niveles en la colonia Ampliación Nápoles en la alcaldía Benito Juárez.
No obstante, un ciudadano interpuso una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) que llevó a cabo un procedimiento administrativo cuya resolución fue que este inmueble no era susceptible de recibir permiso para edificar 11 niveles y mandató a la BJ a que no otorgara el aviso de terminación y autorización de ocupación de obra a Zapán. La PAOT cuestionó además a la Seduvi por los permisos entonces otorgados.
Sin embargo, nadie acató esta resolución. Solo la propia PAOT interpuso un juicio de lesividad, pero éste fue sobreseído porque no lo hizo en tiempo, sin que esto implicara la ausencia de irregularidades. No fue un tema de fondo, sino sólo de forma.
Se añade que los departamentos objeto de esta operación de compra-venta debían de entregarse en 2019, pero esto se pospuso hasta el 2020, en plena pandemia de la Covid.
Una vez ocupados, en estos departamentos fueron detectadas diversas irregularidades, que según fuentes relacionadas con el caso rehusó atender la constructora de Zapán.
En consecuencia, en enero de 2022 fue presentada una denuncia ante la Fiscalía de Investigación Territorial de la alcaldía Benito Juárez. Importante apuntar que después de esta denuncia, la alcaldía Benito Juárez curiosa y aún sospechosamente clasificó como reservada la información de las licencias de construcción y todo lo relacionado con el edificio. Se planteó entonces un juicio y en esta administración la respuesta reconoció que la licencia de construcción fue expedida sólo para seis pisos.
Entre las trabas de esta administración, destaca la intentona de enviar la investigación al no ejercicio de la acción penal. La persistencia de las personas directamente afectadas por estas presuntas irregularidades condujo al rescate de esta pesquisa y la integración de más datos de pruebas como peritajes de la propia Fiscalía, tomas fotográficas y nuevas evidencias documentales, que confirmaron que la construcción de este par de torres está fuera de la normatividad de construcción.
Aun así, el ex responsable de la Unidad de Investigación Territorial de BJ, licenciado Alex Enrique Olvera, sin mayor explicación, se declaró incompetente en el tema y lo turnó a la Fiscalía Especializado en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fidampu), aun cuando pudo continuar con el delito de fraude y mandar a Fidampu por lo que hace al director responsable de obra, pero la envió completa y con esa decisión, la peor para los afectados, se fueron por la borda las investigaciones hechas y dos años de tiempo invertido. La Fidampu insistió entonces en comenzar de cero.
En consecuencia, mandó a hacer de nuevo el peritaje en arquitectura aun cuando ya había uno de la Fiscalía, que confirmaba que el inmueble incumple las normas técnicas.
Así, el proceso se retrasó con lo que se ha obstaculizado la judicialización de la carpeta y la eventual vinculación a proceso.
Entre los requisitos para una determinación en el caso sobresale la elaboración de un peritaje contable, que debería estimar la suma de todos los montos pagados, pero esto de nueva cuenta y desde hace casi un año, mantiene frenado el asunto.
Por si fuera poco y al margen de su competencia, el contador de la Fiscalía reclasificó el delito como despojo y argumentó que no hay daño patrimonial porque no se ha suprimido la ocupación de los inmuebles, con lo que “argumenta” que sin daño patrimonial no hay delito que perseguir.
Entre las últimas acciones se ha requerido al perito supervisor, pero tampoco se ha atendido este requerimiento.
El caso trasunta presuntas irregularidades, en las que el constructor Moisés Zapán y sus firmas, entre ellas Estrategia Urbana, Mojo Real Estate, S.A.P.I. de CV y Sennse, aparecen referidas en obras como la Cetram de Martín Carrera y aún de las operadoras de Parquímetros.
Entre las personas afectadas figuran varias con situaciones médicas vulnerables, si bien algunas están sujetas a la fecha a mecanismos de protección institucional.
Residentes de estos inmuebles sostienen además que la construcción referida fue hecha con materiales de baja calidad, a lo que se agregan humedades y sobrepeso en una ciudad de alta sismicidad como bien sabemos los chilangopolitanos.
¿Habrá alguna autoridad del gobierno de la CDMX que atienda este caso? Es pregunta en previsión de eventuales y posibles nuevos afectados o damnificados. Es una voz de alerta.
Roberto Cienfuegos J
@RoCienfuegos1