Las purgas políticas no son patrimonio de una ideología, un régimen o una época. Han acompañado al poder a lo largo de la historia y
han recibido distintos nombres según el lugar y las circunstancias: proscripciones, terror, limpieza, depuración, rectificación, lucha de clases, seguridad nacional, desnazificación o desbaasificación. Cambia el nombre; permanece la lógica: eliminar, excluir o neutralizar al adversario.
En Roma fueron las proscripciones, bajo Sila y posteriormente el Segundo Triunvirato: listas de enemigos cuyos bienes podían ser confiscados y sus vidas terminadas. En la Revolución Francesa apareció La Terreur, el Terror, con el Tribunal Revolucionario y la guillotina contra quienes fueron considerados enemigos de la Revolución. En la Rusia soviética surgió la Chistka, literalmente “limpieza”; después el Terror Rojo, los Procesos de Moscú, la Gran Purga o Gran Terror y la Yezhóvshchina, la era de Yezhov, que llevó la persecución política a una escala gigantesca.
En la Alemania nazi, la Noche de los Cuchillos Largos eliminó a dirigentes de las SA y a otros adversarios. La Gleichschaltung subordinó instituciones y sociedad al régimen. En China, las campañas de Rectificación, la Campaña Antiderechista y finalmente la Revolución Cultural persiguieron a quienes fueron considerados desviacionistas, derechistas o enemigos de la revolución. Camboya conoció las purgas de los Jemeres Rojos; Etiopía, el Terror Rojo; Indonesia, las matanzas anticomunistas de 1965-1966. En América Latina, diversas dictaduras recurrieron a la llamada Guerra Sucia, la desaparición forzada y el terrorismo de Estado. La Operación Cóndor llevó incluso la persecución más allá de las fronteras.
Después de 2003, Irak aplicó la desbaasificación; en otros contextos, la depuración se ha presentado como defensa de la seguridad nacional, lucha contra la corrupción o protección del Estado. La historia demuestra que la purga no necesita una sola ideología para existir: puede aparecer bajo monarquías, revoluciones, fascismos, comunismos, dictaduras militares o gobiernos que aseguran actuar en defensa de la democracia.
Y ahora, en México, la purga que viene, cabe preguntarse si estamos frente a una nueva forma de persecución política. Después de la detención de Ruffo Appel y de la situación de Ángel Aguirre, la pregunta inevitable es: ¿quién sigue? ¿al presidente del PRI? Y la respuesta que muchos consideran evidente apunta hacia quien ha sido uno de los principales opositores al régimen en el extranjero, contra quien se han intentado acciones judiciales y campañas políticas sin conseguir doblegarlo, y que ha recurrido a instancias internacionales cuando considera agotadas o comprometidas las vías nacionales. Incluso las campañas digitales en su contra, impulsadas desde cuentas y redes afines a Morena, no han conseguido, hasta ahora, el resultado político que sus adversarios buscan.
Si asumimos —como hipótesis política— que México vive bajo una forma de despotismo fascista, que yo propongo denominar “Despotismo Criminal”, entonces también debemos observar el lenguaje utilizado para descalificar al adversario. Cuando un opositor acude al extranjero para buscar protección jurídica internacional, se le acusa de atentar contra la soberanía. Pero ¿qué ocurre cuando las instituciones nacionales dejan de ofrecer las garantías que deberían proporcionar? Recurrir a instancias internacionales no significa necesariamente atacar la soberanía: puede significar buscar justicia cuando las vías internas se consideran agotadas o insuficientes frente a un Poder Judicial dócilmente subordinado al partido en el poder y al gobierno mismo.
La soberanía no puede convertirse en escudo para impedir la justicia ni en argumento para proteger a quienes, según sus acusadores, deben rendir cuentas. Y si lo que se denuncia es la penetración del crimen organizado en la política, entonces el verdadero enemigo de la soberanía no sería quien acude a las instancias internacionales, sino cualquier estructura criminal que pretenda capturar al Estado.
La lección histórica es inquietante: la purga comienza cuando el adversario deja de ser reconocido como adversario legítimo y es convertido en enemigo del Estado, de la nación, de la revolución, del pueblo o de la democracia. Entonces el poder puede justificar casi cualquier cosa. Y quizá lo más peligroso no sea el nombre que recibe la purga, sino el momento en que una sociedad acepta que el adversario político ya no tiene derecho a existir políticamente.
Cuando el poder elimina al adversario, no desaparece la oposición: desaparece la democracia.
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