Existen innumerables temas que las autoridades no han atendido o que han atendido mal, por ejemplo: la consolidación del Estado de Derecho, la Justicia, el Desarrollo de la Sociedad, la Violencia en Contra de las Mujeres, los Asesinatos, el Crimen Organizado, la Economía o la Salud Pública.
Aunque, la Seguridad Pública ha sido un factor determinante para establecer la incapacidad de las autoridades para lograr el bien común, el estado de derecho, la justicia, la prevención del delito, y lo más importante “proteger y servir a la sociedad”.
Pero ¿quién tiene esta función tan importante en nuestro país?, pareciera que la respuesta es sencilla, porque generalmente contestaríamos que son las corporaciones policiacas pero la situación que impera en nuestro país nos lleva a pensar que también las fuerzas armadas tienen en sus manos la seguridad pública.
Recordemos que precisamente la decisión de que las fuerzas armadas hicieran labores de seguridad pública -distrayéndose de sus funciones principales que son: defender la soberanía del país y la seguridad nacional- fue porque las corporaciones policiacas ya no eran confiables para cumplir con esa labor.
La gran pregunta que nos pudiéramos hacer hoy día, a más de diez años de que las fuerzas armadas aún sigan haciendo esta labor de seguridad pública, es: ¿las corporaciones policiacas ya son confiables para cumplir con sus labores?
Solo para poner en contexto, las fuerzas armadas la representan los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.
Las corporaciones policiacas están divididas a nivel federal, local y municipal, desde los miembros que conforman la Guardia Nacional, las Secretarías de Seguridad Ciudadana o Secretarías de Seguridad Pública estatales y municipales, Policías de Tránsito; sin olvidar a los policías que auxilian a los Ministerios Públicos en sus investigaciones y a los oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario.
Ahora bien, todas las irregularidades, omisiones, ilegalidades y actos de corrupción que muchos de los elementos de las corporaciones policiacas cometían en activo provocó que el 9 de septiembre de 2016 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde se determina crear los “Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial”.
El propósito de este Certificado Único Policial (CUP) es acreditar que los policías y oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario son aptos para ingresar o permanecer en las Instituciones de Seguridad Pública y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
De esta manera, para que a los elementos policiacos se les pueda emitir su CUP deberán acreditar:
- a) El proceso de evaluación de control de confianza;
- b) La evaluación de competencias básicas o profesionales;
- c) La evaluación del desempeño o del desempeño académico, y
- d) La formación inicial o su equivalente.
Pero el plazo que se tenía para la emisión del CUP concluyó el año pasado, y solo 1 de 4 policías locales y federales aproximadamente cuentan con un certificado oficial que los avala en su formación, capacidades y confiabilidad.
Esto es totalmente preocupante, porque en estos momentos no existe una certeza de que todas las personas que se encuentran desempeñando una función policial, de seguridad pública o de guarda y custodia del sistema penitenciario, lo estén haciendo con la debida profesionalización, lealtad, honradez, confiabilidad, e incluso que cuenten con la formación y las capacidades que se exigen para desarrollar esa labor.
Además, parece que la ciudadanía esta completamente apartada de esta problemática y en consecuencia es negligente en exigir la certificación de los policías, pese a que ella misma ha sido victima de esa falta de certificación.
Aunque debo decir, que como sociedad fuimos engañados, pues nos vendieron la idea de que con la creación de la Guardia Nacional y la disolución de la Policía Federal se iba a erradicar la corrupción y el abuso de autoridad, pero hoy seguimos esperando que eso suceda.
Para muestra, basta darle una leída a los periódicos todos los días, donde podemos encontrar innumerables casos de abuso de autoridad, corrupción, uso de excesivo de la fuerza e incluso casos de violencia familiar donde se encuentran involucrados elementos de las corporaciones policiacas; y que por cierto, han sido en este mismo año.
Existen varios ejemplos, pero por el espacio de esta columna no podemos hacer el listado completo, pero expongamos hechos recientes:
- El caso sucedido en la Ciudad de México donde se grabó a un elemento de la Guardia Nacional golpeando a su esposa en la calle, y que fue detenido con posesión de droga, un arma y seis cartuchos útiles. Sumando que al momento de su detención se identificó como miembro de esa institución y refirió tener contactos para intentar quedar libre, pero gracias a las redes sociales no lo logró.
Según los medios de comunicación, esta persona era Suboficial en la Coordinación General Antidrogas, y es increíble que estando en esa área, se le encontrara droga.
- El caso donde elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum usaron de manera excesiva la fuerza al someter a una mujer de origen salvadoreño provocándole la muerte.
Estos ejemplos, como miles otros, a parte de quedar claro la violencia que existe en contra de las mujeres, se advierte que muchos de los elementos policiacos -federales, locales y municipales- no están debidamente capacitados para cumplir con esas funciones. Esto reitera la necesidad urgente de la certificación policial a nivel nacional y depurar a las personas que no cumplen con las exigencias que se requieren para desempeñar estas funciones.
Hay que ser conscientes que no solo los elementos policiacos son los únicos que cometen actos de corrupción, también los cometen todos aquellos que deben evaluarlos, los superiores que deben exigir las certificaciones y titulares de estas instituciones que son omisos, pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas abarca a todos los involucrados por actos de corrupción.
No acaban de entender que ellos están para servir y proteger a la sociedad.