En estos últimos años, hemos escuchado -sin fin, pero sin logros- que se combatirá la corrupción, partiendo de la idea de que los servidores públicos solo son policías o jueces o magistrados incluso consejeros del Instituto Nacional Electoral acusados injustamente por varios actores políticos de cometer actos de corrupción.
Pero sin duda alguna, y tal como lo ordena el artículo 108 de nuestra Carta Magna también son servidores públicos las y los Diputados y Senadores, aunque tengan fuero -el cual por cierto se dijo que se les iba a quitar-. Dicho lo anterior, también son sujetos de responsabilidades administrativas por no cumplir o hacer mal su trabajo, incluso por el hecho de ocupar una curul sin tener la capacidad, experiencia y el adiestramiento para desempeñar con eficiencia y eficacia su cargo.
Pues bien, la labor principal de estos legisladores es crear, modificar, derogar, abrogar y actualizar las normas jurídicas -leyes- que regulan y controlan el actuar del Estado, la Sociedad y las personas.
En ese entendido, y por el hecho de que estos legisladores hagan mal o deficiente su labor deben ser sancionados de acuerdo con lo que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas; incluso, se puede considerar como falta grave el que reciba algún beneficio, pago o dádiva para votar en favor o en contra de una ley a pesar de que sepa que está actuando de manera indebida.
Desafortunadamente, la ciudadanía solo se enfoca al actuar de los servidores públicos que impactan directamente en su vida diaria, pero lo que pierden de vista es que los legisladores influyen e impactan directamente en la vida de todos, ya que las leyes que nos rigen y nos controlan ellos las crean, y esto no siempre resulta benéfico para la vida de los mexicanos, tal vez para un sector político sí pero no para todos.
Esto nos lleva a pensar que, pese a la hiperactividad legislativa que en estos días hemos sido testigos, en la mayoría de los casos las leyes se están creando y modificando a modo del gobierno a pesar de que se ve poco o nada beneficiado la sociedad mexicana, aunque así lo diga el discurso legislativo.
Tales acciones u omisiones nos llevan afirmar que en estos momentos existen muchas normas jurídicas que deben ser revisadas, analizadas, reformadas, actualizadas y en su caso, derogadas para darles la vigencia que amerita la sociedad contemporánea. Esto dará seguridad y certeza jurídica a los gobernados.
No es secreto, que la actividad legislativa que en este momento nos están dando a conocer en los medios de comunicación no siempre es acertada, ya que se están haciendo reformas al vapor o a modo que en el presente o en un futuro muy cercano resultarán inoperantes y en algunos casos serán declaradas inconstitucionales.
Esto también nos sirve para confirmar que las y los legisladores tienen la obligación y responsabilidad de capacitarse y actualizarse respecto a los temas que están legislando, pero en la mayoría de los casos ni siquiera saben lo básico de los tópicos relacionados con las leyes por las que están votando o revisando pese a que se le asignan en Comisiones en donde se ven temas que no tienen idea de como se trabajan.
Vale la pena señalar que por eso es importante que los legisladores sean estudiados y letrados, y si no fuere mucho pedir que sean experimentados en los temas, ya que de lo contrario provocarán que se hagan leyes inoperantes, inaplicables o inconstitucionales.
Sin dejar de mencionar, que lejos de ayudar, erogan recursos y malgastan el tiempo legislativo con el que pudieran analizar otras normas que verdaderamente requieren atención. Ante todo ello, deben asumir su responsabilidad por sus acciones u omisiones por su mal actuar como legisladores.
En otra colaboración analizaremos la nueva Ley de la Fiscalía General de la República; por hoy, solo podemos expresar que en lo que va de este sexenio se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y la cual esta por abrogarse por la nueva Ley de la FGR que esta por publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Solo para ilustrar un poco más -esto que yo le llamo inestabilidad legislativa- la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, ya estando en funciones el actual mandatario presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Y en estos días, dicha Ley Orgánica esta por abrogarse -eliminarse- en cuanto se publique la nueva Ley de la Fiscalía General de la República completamente modificada; es decir, a 2 años 4 meses de crear una ley se elimina por completo y se crea otra.
No podemos dejar de mencionar que para este Proceso Electoral la sociedad debe considerar todo lo antes mencionado, y asegurarse que las y los candidatos o aquellos por los que vayan a votar cumplan con esas exigencias y que estén debidamente capacitados, educados y experimentados para el papel que van a desempeñar tan vital para la vida política, jurídica y social de la nación. Y aquellos, que están en los cargos y no lo hagan adecuadamente deben ser sancionados incluso destituidos; de lo contrario y de no exigirlo nosotros mismos, estaríamos fomentando la corrupción legislativa como lo hemos hecho hasta el día de hoy.