Estamos a un año de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional reportó un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. En el enfrentamiento hubieron 22 muertos y un soldado herido. A los pocos días, una revista presenta un reportaje en el que una presunta víctima declaró que no hubo enfrentamiento, sino de una ejecución extrajudicial.
Las organizaciones nacionales e internacionales protectoras de derechos humanos se pronunciaron por una investigación exhaustiva. Los representantes de los medios de comunicación, los comunicólogos y opinólogos “políticamente correctos”, se rasgaron las vestiduras exigiendo castigo a los “militares opresores” que “ejecutaron” a estas personas en Tlatlaya.
Ciertamente, lo que escribiré a continuación no es lo más “políticamente correcto”, pero creo que se acerca a una verdad innegable: el caso Tlatlaya es un ícono de la incongruencia y estulticia de todos esos que se autoproclaman defensores de “lo políticamente correcto” y de concebir como enemigos a las instituciones del Estado.
Las supuestas víctimas del caso Tlatlaya eran personas acusadas,por los propios habitantes de dicha población, de ser criminales. Se les señaló de ser secuestradores, extorsionadores, homicidas y narcotraficantes. Tan flagrante era la conducta delictiva de estos personajes que osaron enfrentarse contra los soldados haciendo uso de armas de fuego. Por estricta lógica, las fuerzas castrenses ganaron el enfrentamiento, pues para eso se les entrena. Informaron a la opinión pública de lo ocurrido y, días después, tras una entrevista a una presunta testigo, los “políticamente correctos” lanzan críticas feroces que ponen a las fuerzas castrenses contra la pared.
Como resultado de la imperiosa necesidad de la clase política nacional, se procesó tanto a los mandos como a la tropa, tanto en la vía civil como la castrense; no sin antes haber sido condenados por todos esos “políticamente correctos” como culpables. Un año después, la Justicia Federal determina la no responsabilidad de los militares implicados. En ese ínterin, las instancias de protección a víctimas,ya había autorizado la indemnización de los familiares de las “presuntas víctimas” del caso Tlatlaya–que asciende a poco más de 50 millones de pesos– por que sus familiares habían sido victimados de forma extrajudicial.
Estos contrasentidos en el gobierno, hacen que se deslegitime a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se les condena a priori y se somete a mandos y tropa a juicios que ponen en riesgo sus vidas y carreras, con tal de satisfacer los apetitos de un sector político-social poco concurrido, pero siempre crítico, ácido e impropositivo, que –por sistema– siempre habrá de estar en contra de todas las acciones que lleve a cabo el gobierno. La ganancia para el gobierno –tanto política como social– es nula, y la pérdida para la sociedad es mucha, pues ciertamente las fuerzas castrenses nacionales son las que más y mejor cumplen con su labor.
@AndresAguileraM