Durante los últimos meses, prácticamente desde el inicio de la presente administración, un conjunto de grupos de poder que tienen oposición férrea hacia el gobierno, han desarrollado, en redes sociales, una feroz campaña en contra de todo y de todos los actores de la vida política nacional. Desde los errores cometidos durante los
discursos presidenciales, hasta las más complejas teorías de conspiraciones internacionales por dominar al país, han sido motivo para exacerbar el odio hacia todo lo que tiene que ver con la cosa pública.
Twitter y Facebook, principalmente, han sido medios de difusión idóneos para dar a conocer críticas hacia el Presidente, su gabinete, los dirigentes de los partidos políticos, entre otros, con lo que indiscutiblemente ha mermado no sólo la imagen del gobierno, sino su legitimidad.
Las críticas y los llamamientos adversos hacia el gobierno –efectivamente– son difundidas por personas que están convencidas de su mal desempeño. Pero el problema no es la finalidad que se persigue con su difusión sino el origen de esta publicidad y esta propaganda.
No se puede ocultar el hecho de que muchos de los mensajes “anti gobierno” que son difundidos por las redes sociales, son producciones revestidas de una producción sumamente profesional y que requiere de importantes recursos económicos para su realización. Incluso, cuentan con la participación de reconocidos entretenedores que cobran importantes sumas de dinero para participar en cualquier actividad que implique difundir su imagen, incluso en aquellas de naturaleza altruista.
Ante estos hechos –que son públicos y notorios– considero importante cuestionarnos sobre el origen mismo de estas campañas y de los recursos utilizados para realizarlas. Indiscutiblemente son bastante menores que aquellos que requieren los medios de difusión tradicionales, como lo son la televisión, la radio y la prensa escrita, pero también es cierto que aunque el medio de difusión sea gratuita, la producción no lo es y sus costos deben ser erogados por alguien que, necesariamente, lo hace como inversión para lograr alguna finalidad.
Indiscutiblemente la pretensión de quienes realizan esto, más allá de generar conciencia sobre temas en particular, es restarle legitimidad y credibilidad a todos aquellos que tienen algo que ver con la función pública. Esto, más allá de una pretensión política, es la búsqueda de la desestabilización social y del debilitamiento deliberado del gobierno y sus instituciones. Con ello los únicos beneficiados son aquellos que ven en el gobierno a un enemigo y que utilizan a la sociedad como rehén: el crimen organizado. Vale la pena reflexionarlo, pues –creo– no está lejos de la realidad.