El pasado día 18 de diciembre, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) aprobó un alza del 3.9% en los salarios mínimos vigentes, lo que equivale a que la jornada diaria de trabajo habrá de ser pagada en $67.29 pesos.
En teoría –y en términos de la Ley Federal del Trabajo– esta cantidad debiera ser suficiente para garantizar que el trabajador pueda satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y pueda satisfacer necesidades materiales como lo son: la habitación, casa, alimentación, vestido y transporte; además de las sociales y las culturales como la concurrencia a espectáculos, la práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación y para poder promover la educación obligatoria de los hijos.
Como podemos observar, lo raquítico del salario mínimo así como sus aumentos porcentuales relacionados exclusivamente al índice inflacionario, más que el cumplimiento de un proyecto de reivindicación social enarbolado por la gesta armada revolucionaria y plasmada en nuestra Constitución Política, pareciera una burla, revestida de una compleja farsa en la que un grupo de representantes tanto del gobierno y las empresas, como los líderes de anquilosados sindicatos, se reúnen para acordar aumentos que jamás han atendido a los llamados de justicia de clase que hizo propios el constituyente de Querétaro.
Lejos de cumplir con lo que es: una obligación para garantizar la dignidad como persona del trabajador, hoy el salario mínimo es utilizado como un mecanismo regulatorio del mercado.
Tras casi 100 años de la promulgación de la Constitución Política de la República y de haberse materializado el reconocimiento constitucional de los derechos sociales de la clase obrera, la realidad es que las condiciones laborales no son muy distintas a las vividas en el México de principios del siglo XX. Se mantienen las condiciones de explotación laboral, las referencias sobre los salarios son pantomimas complejamente orquestadas por los factores reales de poder, que hoy al igual que hace más de un siglo, en clara colusión con las autoridades, mantienen sojuzgada a los trabajadores mexicanos.
De este modo, cuando los integrantes de la Comisión de los Salarios Mínimos asuman su responsabilidad social al momento de determinar su monto y adecuarlo a los principios que enarbola nuestra Constitución, será el día en que México comience su ascenso hacia el desarrollo y a la justicia social, mientras tanto todos serán esfuerzos cínicos de hacer “como que se hace” en el entendido que en nuestro país todos somos sumisos y hágase lo que se haga “no pasa nada.”
@AndresAguileraM