Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la destitución de los Presidente Municipal de Coacalco (Estado de México) derivado de la notificación por el despido injustificado de una persona, de la que debían
hacerse cargo del pago de salarios caídos, prima vacacional y otras prestaciones de quejosos, la bancada del PT en el Congreso mexiquense, presentó una iniciativa para revertir los efectos de estas disposiciones sin dejar de lado la cobertura de los adeudos en municipios; detallando que esta propuesta prevé que el gobierno estatal se convierta en deudor solidario y se abra una partida en su presupuesto anual.
Considerando que los municipios del Gobierno del Estado, según lo declarado por los Diputados que emiten la iniciativa, suman más de 7 mil millones de pesos, y que en mayor medida los ayuntamientos salientes son opuestos políticamente a los entrantes, a la mayoría en el Congreso Local y al Gobierno Federal próximo a tomar posesión, valdría la pena analizar objetiva y exhaustivamente el presupuesto de egresos para el año 2019, el incremento posible de la deuda estatal y el costo político que traería consigo al ser aprobada.
Si el Gobierno de Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador ha hecho pública su intención de implementar una política de austeridad laboral, donde se recorte el salario y se incremente la jornada, sería interesante conocer la estrategia de los Diputados Locales, respecto a la atención y seguimiento a los laudos que hay y que con el cambio de gobierno municipal, ya que las demandas labores crecerán, mismas que serán presentadas ante el Tribunal estatal de conciliación y arbitraje dependiente de la Secretaria del Trabajo, luego entonces la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, tal vez tendría que crear un área distinta que pueda hacerse cargo del seguimiento no solamente a los temas laborales, sino también a las demandas civiles y mercantiles para llegar a un final en buenas condiciones para demandados y demandantes, que en el caso Municipal se presta a casos de corrupción, como por ejemplo se dejan los jurídicos ganar los asuntos de los particulares a cambio de un pago de lo que lo segundos ganen.
Lo cierto que es un graves problema para los 125 Municipios que entran en funciones a partir del 1 de enero del 2019, porque mucho del presupuesto es virtual, toda vez que ya está comprometido en asuntos de este tipo, esto sin contar los adeudos que puedan tener con el sistema de seguridad social ( ISEMMYM) y el pago de impuestos, por ello así como se hicieron reformas federales, que los Municipios que contrate deuda, previa autorización de la Cámara de Diputados local y el visto bueno de la SHCP, misma que tiene que ser cubierta antes de la conclusión de su mandato, ocurra lo mismo con las obligaciones por sentencias laborales( laudos) y en materia privada, por la contratación de servicios con empresas o personas particulares con actividades empresariales.
De lo contrario, los municipios además de que solo recudan en promedio el 2% del 100% de sus recursos, se le deba abonar la deuda, por ello seguirán habiendo gobiernos municipales pobres con políticas publicas limitadas.