La historia del periodista que esto escribe está manchada de violaciones constitucionales, así ha sido a lo largo del proceso penal
que ya suma 10 años. Violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Actos despiadados que empezaron al internar al presunto responsable de delito no grave en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ahí donde guardan a los delincuentes más peligrosos.
¿Y qué tiene que hacer un periodista y defensor de los derechos humanos en ese llamado centro de readaptación social?
¿Por un delito no grave?
Eso no fue todo, porque también existió la consigna de aplicarle tortura, de las que dejan huella.
¿Y quién ordenó la tortura?
Tampoco se sabe.
Su situación jurídica no se revolvió en las 72 horas que establece el artículo 19 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, como lo describió Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pudo salir bajo fianza a los 5 días porque no se trataba de un delito grave. Quienes lo torturaron advirtieron que peor le iría si abría la boca para revelar lo sucedido. La tortura sí es un delito grave y no prescribe.
Por si fuera poco, cuando el imputado demostró en dos ocasiones que era inocente y el caso estaba cerrado, sucedió lo inesperado, se reabrió a destiempo el expediente, con un amparo admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, al que no le importó el principio de definitividad.
Se ha vuelto necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise el asunto.
Arturo Zarate Vite
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@zarateaz1
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