Son muchos los sectores productivos que han comenzado a levantar la voz en contra de quienes están demostrando ser verdaderos profesionales de la protesta y que en su inmensa mayoría militan en las falanges de los grupos de la izquierda mexicana. Y no es que se intente vedar el derecho de protestar, pero los excesos son los que han propiciado el estancamiento
de la economía. Si de lo que se trata es de descarrilar ese proceso económico que es parte fundamental del proyecto del presidente Enrique Peña Nieto, pareciera que lo están logrando. Pero también hay que señalar que los propios empresarios están participando inyectando capitales a los grupos radicales con tal de acorralar al estado para que cambie el sentido de las reformas fiscal y de telecomunicaciones. El ya basta comienza a convertirse en un reclamo ante la inacción gubernamental.
En la capital de la República, la convivencia entre gobiernos antagónicos ha sido un dolor de cabeza para los más de nueve millones de habitantes, y considerables daños a esos 23 millones que vivimos en la Zona Metropolitana. Las diversidad de intereses entre el gobierno de la República y el del Distrito Federal ha colapsado la convivencia, porque mientras uno vela por todo el país, el otro se la pasa haciendo distingos a conveniencia de las tribus del partido que lo llevó al poder. Por mucho que se diga que se trabaja en favor de los intereses de los citadinos, la actividad de los grupos de interés del Partido de la Revolución Democrática es la que verdaderamente orienta la actividad gubernativa.
Pero ha llegado la hora en que ambas instancias entiendan que su principal deber es la protección de los ciudadanos que todos los días se afanan por cumplir con sus obligaciones laborales para estar en posibilidad de seguir aportando los recursos que requieren las instancias gubernamentales para su manutención y la sufragación de sus planes y proyectos. Por lo que corresponde al gobierno federal, no puede seguir siendo omiso en la aplicación estricta de la ley donde las bandas delincuenciales surgidas del magisterio intentan colocar de rodillas no tan sólo a los poderes legalmente establecidos, sino que han comenzado a minar la actividad municipal colocando estructuras paralelas que responden a sus intereses subversivos. Que la CETEG siga siendo inalcanzable para las leyes mexicanas después de quemar instalaciones gubernamentales, vehículos, paralizar vías federales de comunicación, asaltar en los caminos imponiendo cuotas, secuestrando diputados y torturarlos hasta arrancarles la renuncia al cargo, y seguir cobrando por una labor que no realizan desde hace tiempo, hace ver muy mal a las instancias de los tres órdenes de gobierno.
Las leyes tienen que adecuarse a los tiempos que estamos viviendo, sí, pero mientras su letra disponga sanciones para conductas como las asumidas por la CETEG, los normalistas y otras organizaciones extremistas se tienen que aplicar y enviar a la cárcel a quien cometa delitos. Se tiene que hacer por la inmensa mayoría que están padeciendo los estragos de esas conductas delincuenciales que distinguen a una presunta protesta que tiene de legítima lo que yo de astronauta. Que se entienda bien, una protesta es legítima en función de que no dañe a los demás, pero cuando lo hace, se tiene que aplicar la ley gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Así de simple. Es por México. Al tiempo. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.