Hace tiempo que los servicios de seguridad social que brinda el Estado Mexicano entraron en una escalada a la baja en cuanto a la eficiencia y la atención médica.

Si algo le debe quedar claro a los conocedores de la forma en que se mueven los intereses en las esferas gubernamentales, es la facilidad con la que se construyen incalculables fortunas que pasan de generación en generación y en algunas

México tiene muchos problemas, pero quizá uno es el que mayores agobios ha venido causando en todos los rincones. A riesgo de ser tildado de temerario, la disfuncionalidad del sistema político y de gobierno está presentando fallas en casi todas las estructuras gubernativas. El actual régimen surge de una convención de revolucionarios que realizaron un esfuerzo para dotar al país de un cuerpo de leyes que normaran nuestra convivencia.

La división de poderes ha sido una de las formas de gobierno más exitosas, y no es otra cosa más que una manera de organizar al Estado dividiendo sus funciones en tres esferas diferenciadas que asumen responsabilidades distintas con el objetivo de limitar la concentración personal del poder. Hasta ahora ha sido la forma de gobierno más exitosa en el devenir de los pueblos y se ha significado como la manera más fichas de representar a los ciudadanos y hacerlos partícipes de las decisiones que se toman en las tres instancias gubernamentales. No ha sido fácil la permanencia del equilibrio de poder a causa de las ambiciones personales de quienes acceden a la titularidad gubernamental o a la representación popular.

Muchas veces se ha repetido, y en algunas ocasiones hasta el cansancio, que el poder enloquece a las personas y les provoca tentaciones que difícilmente pueden desechar. Las obras faraónicas son algunas de las particularidades que se convierten en indicios de que el hombre o la mujer que detentan el poder han perdido la noción de la normalidad.

Pareciera que en los procesos de la tolerancia, por algún resquicio se nos escapó la legalidad y entramos en una vorágine de violaciones a la norma jurídica que ahora nos tiene y mantiene con un problema mayúsculo de impunidad.