Dos asuntos tienen conmocionada a la sociedad mexicana: los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los fusilados de Tlatlaya. Ambos casos son paradigmáticos pues muestran, indudablemente, una debilidad institucional y dejó de manifiesta la grave descomposición por la que atraviesan las instituciones del Estado Mexicano.
Ambos sucesos –lamentables y absolutamente condenables– muestran que la panacea anunciada con las reformas estructurales están muy lejos de ser realidades próximas a realizarse. Justo igual que lo ocurrido hace 20 años con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
Ciertamente se ha vuelto un común denominador que la algarabía de los gobernantes, por hechos de gran impacto económico para el país, se vea opacada por sucesos de índole social, que muestran claramente que la panacea prometida, difícilmente llegará, en tanto se resuelvan las grandes desavenencias sociales que predominan nos aquejan.
Los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, han conmovido las conciencias de millones de personas en el mundo, pues no sólo implican la desaparición de estos jóvenes, sino que dejó en evidencia la colusión e influencia que tiene el crimen organizado en las instituciones de seguridad de los gobiernos municipales y de los estados de la federación; todo ello en un clima en el que se mantuvo una inexplicable inacción del gobierno federal que, aun habiéndose conocido y difundido los hechos, permitió la permanencia de las autoridades deficientes, al tiempo que dejaron al arbitrio del infame gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, la decisión de su salida al frente de las instituciones de Guerrero.
Tlatlaya, por otro lado, muestra la fuerza excesiva del Estado. El actuar de las fuerzas del orden se somete a juicio de la sociedad por la presunta ejecución extrajudicial de 15 personas, presuntamente, integrantes de una asociación delictiva.
Ambos casos, lamentables por cualquiera de los lados que se miren, son muestra evidente de la descomposición social e institucional de México. También dejó a la vista la mezquindad de la clase política que, lejos de encontrar la sinergia necesaria para enderezar la ruta institucional, utiliza estos penosos hechos como arpones en contra del gobierno de la República para obtener raja política con miras a las próximas elecciones. De este modo, oportunistas, chacales de la política, hacen grandes concentraciones sociales para dictar homilías en las que se exculpan de pecados y niegan sus responsabilidades al momento de definir candidatos y aceptar aportes de campaña. Todo ello, ante los ojos impávidos de una sociedad que exige el gobierno haga su trabajo y que les brinde seguridad jurídica.
@AndresAguileraM