El Estado y sus razones (Andrés A. Aguilera M)

La crisis sanitaria por la que atravesamos, por la pandemia del virus SARS-CoV-2, —al menos para algunas autoridades— pareciera haber desaparecido los otros problemas que siguen generando graves estragos en la vida de la sociedad mexicana. La violencia es uno de los que, pese a los intentos y distracciones oficiales, sigue estando latente en todos los confines del territorio nacional.

El pasado 31 de agosto se hizo público un suceso verdaderamente lastimoso para todos. En Naucalpan, Estado de México, dos sujetos, escoltados por otros dos en motocicleta, subieron a una unidad de transporte público para asaltar a los usuarios. Ahí, uno de los asaltantes, disparó en contra de uno de ellos, sólo para demostrarles que “era en serio”. El joven herido fue trasladado al hospital donde, horas después, perdiera la vida a consecuencia de las heridas.

Somos muchos los que consideramos que la Revolución Mexicana ha sido el movimiento social que más esperanza de justicia y reivindicación sociales ha traído al país. Si bien es cierto que sus orígenes se encuentran en la necesidad de terminar con un régimen dictatorial, también lo es que sirvió para dejar al descubierto problemas de injusticia e inequidad enquistados en la sociedad y que exigían —y exigen— solución.

La corrupción es un mal que aqueja a todas las sociedades del orbe. Ninguna, por más desarrollada, civilizada o transparente que sea, carece de ella. Quizá se presenta con menor frecuencia, pero innegablemente existe. Considero que es la perversión de los valores del ser humano, que lo alejan de su esencia racional, de los valores éticos, de la legalidad y, consecuentemente, de la sociabilidad. 

Esta semana el encierro ha terminado para mí, así como las Reflexiones de Cuarentena. Aún y cuando las afirmaciones de las autoridades de salud vayan en ese sentido, la realidad es que la pandemia no ha cedido, pero la situación impera que en el país y —particularmente— en nuestra Ciudad, requiere inevitablemente que las instituciones de impartición de justicia operen y funcionen al máximo de sus capacidades.