Opinión

Se cumple un año de lo que se podría considerar la peor afrenta al Estado de Derecho diría junto a la determinación de la Suprema Corte por llevar a juicio a ciudadanos mediante una consulta popular. 12 meses del “culiacanazo”, un evento que desmanteló al gobierno, sus operativos, su inteligencia y mantuvo impunes a las responsables, primero porque

La cotidiana embestida, desde el máximo púlpito del país, contra periodistas, reporteros, columnistas y medios de comunicación que disienten de la administración del licenciado López Obrador, ha dejado de sorprender incluso a los citados en esa letanía que los descalifica, estigmatiza e insulta con la ironía de, por ejemplo, colgar hamacas, en el Zócalo, para los dueños del diario Reforma y de El Universal para que se sumen al plantón de integrantes de Frenaaa.

Hoy la discusión gira en torno a la extinción de 109 fideicomisos, fondos sin lugar a dudas fundamentales para el apoyo de millones de mexicanos en actividades específicas, una decisión polémica. Dice el presidente que los fideicomisos se expropian “porque había corrupción” y no lo dudamos, pero como siempre en los últimos 23 meses, la forma en que se deciden los cambios, no solucionan el problema.