Sería difícil culpar de tendenciosa, subversiva, o malintencionada a  la Arquidiócesis de México, que acaba de advertir sobre la persistencia en el país de un sistema de justicia “viciado y corrupto”.

La Ciudad de México nos da sorpresas a cada rato, y es natural de acuerdo a las dimensiones que presenta. Aunque también hay que señalar que cada barrio, colonia, pueblo, villa o paraje, tiene su propia identidad y por consecuencia su propio encanto. Para decirlo de otra forma mas mejor, el Distrito Federal es esa parte de este país que representa un modo de vida peculiar en cada uno de sus barrios, y un brutal encanto por lo disímbolas de sus colonias. De su gente podemos señalar que la heterogeneidad es uno de sus más valiosos bagajes porque aquí confluyen hombres y mujeres de todo tipo y origen que se conjuntan para construir un destino común y con mejores expectativas de vida.

Tras un análisis en la Cuenta Pública de 2014 y del último Informe de Avance trimestral de las finanzas públicas del DF, se destaca que el Fondo de Capitalidad ha contado con 6 mil 500 millones de pesos, en dos años y el ejercicio de estos recursos fue de manera tardía e incompleta, dejando un subejercicio de varios millones de pesos, que el Gobierno del DF no tuvo capacidad de utilizar en beneficio de los ciudadanos y mejorar servicios públicos.

Resulte o no cierto el presupuesto 2016, recién presentado al legislativo, nadie debería rasgarse las vestiduras o perder la cabeza con la lluvia de cifras allí planteadas. Después de todo, la evidencia empírica hace años pone en claro que

Llegó la hora en la que los gobernadores deben de rendir cuentas a la población y no me refiero a la obligación que tienen de hablar claro, de frente a la población que gobiernan sobre los recursos que obtiene y cómo los

Más que el talante populista que se le atribuye velada o abiertamente a Andrés Manuel  López Obrador,  también señalado de mesiánico y testarudo, entre otras “cualidades” que significarían un “peligro para México”,  es mucho peor su filosofía y praxis para la  perpetuación de la pobreza con base en políticas públicas expresas, aún en boga en la capital del país.